Afectados del choque del bus de Aerotaxi con un tráiler, en febrero pasado, aún no reciben pago de seguros.

“Cuando me desperté una llovizna caía en mi rostro y escuchaba gritos desgarradores. Mi esposa y mi hijo estaban a mi lado muertos en sus asientos. Mi hija estaba inconsciente en el pasillo del carro en medio de las maletas”.

Jimmy Alvear Meza, de 37 años, recuerda con lágrimas la madrugada del 10 de febrero pasado cuando el bus de la cooperativa Aerotaxi de placas IAG-388, en el que viajaba con su cónyuge Rocío Camacho Falconí, de 35, y sus hijos Jimmy, de 12, y Génesis, de 6, chocó con un tráiler en el sector del Toachi, en la vía Quito-Santo Domingo de los Colorados (Pichincha), por  rebasar a otro vehículo.
El tráiler con su plataforma  cortó por la mitad la parte superior del bus de Aerotaxi que a la vez fue impactado en la parte trasera por  otro de la empresa Carlos Alberto Aray, que iba  de Portoviejo a Quito. Allí murieron 15 personas y otras 23 resultaron heridas.

“El bus de Aerotaxi salió de la terminal terrestre de Guayaquil a Quito, adonde  iba para pasar unas vacaciones con mi familia en casa de una hermana”, recuerda Alvear, a quien le quedó una parálisis y más de 40 puntos de sutura en el lado derecho de la cara, tras la reconstrucción de algunos huesos que quedaron fragmentados por el impacto.

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No solo eso. También sufrió una fractura en la muñeca izquierda que le restó fuerza y por la cual debió dejar de cargar bultos de encomiendas en la empresa en la que labora, para hacer los despachos desde un escritorio.

Aunque está consciente de que ningún dinero le va a devolver con vida a su esposa e hijo,  lamentó que siete meses después  Aerotaxi no le haya cancelado aún  el monto que le corresponde del seguro de responsabilidad civil contra terceros y que ninguna entidad pueda ayudarlos.

Alvear es uno de los siete perjudicados que entre junio y agosto pasados presentaron sus  reclamos en la Defensoría del Pueblo del Guayas y que están en una situación similar a la suya. Ellos son: Hamilton Aldaz León, Wilson Godoy Atencio, Carmen Portocarrero, Letty Toala Donoso, Jaime Ordóñez Reyes y Hugo Fierro Enríquez.

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Ellos se quejan porque el proceso está paralizado en la Defensoría del Pueblo del Guayas, donde el caso lo conoce María Rodríguez, quien considera que este organismo solo debe mantenerse vigilante del proceso porque en febrero pasado ya se inició una instrucción fiscal en Santo Domingo de los Colorados.

En cambio, Patricia Castro Coronel, defensora adjunta II del Pueblo, señala que al margen de la instrucción fiscal emitirá mañana una resolución favorable para las víctimas del accidente y sus familiares. Acota que si hay fundamentos pedirá la clausura de la cooperativa.

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El representante legal de Aerotaxi, Héctor Galeano, indica que esperan una resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Walter Guerrero, abogado de la transportista, explica que en junio pasado presentaron un reclamo formal contra Aseguradora del Sur porque  se negó a pagar las indemnizaciones a los afectados, “basados en condiciones generales que no existen”. Agrega que si no hubiera un seguro la cooperativa tenía la obligación de llegar a un acuerdo con los afectados y que si la resolución fuera desfavorable ellos asumirán los pagos.

Castro manifiesta que los usuarios deben recibir las indemnizaciones, al margen de los problemas que la cooperativa tiene con la aseguradora.

OTROS CASOS

22 de julio del 2005
Cinco personas murieron y otras 28 quedaron heridas en un accidente en la vía Alóag-Santo Domingo de los Colorados (Pichincha) cuando el vehículo de la Coop. San Cristóbal, disco 14, de placas CDA-351, se volcó y cayó al abismo. Los afectados reclaman el pago de las indemnizaciones.

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9 de septiembre del 2005
Lee Chong Noboa, de 2 años, murió, mientras que otros cinco menores y jóvenes resultaron heridos tras el volcamiento de un vehículo de vagones, denominado  gusanito, en la 12 y Huancavilca (suroeste de Guayaquil). El fiscal Bolívar Morán Mackay pidió datos del automotor y de su propietario, para iniciar la instrucción fiscal.