Tras el inicio del proceso, aprobado por Petroecuador, se prevé la notificación a las compañías.

La Constitución, la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento para la aplicación de las reformas a la Ley Nº 44 y los documentos suscritos entre  Petroecuador y cada una de las compañías privadas serán, según el Ministerio de Energía, la base legal para la revisión de los contratos petroleros, proceso que recibió luz verde el martes pasado.

El cumplimiento de la Constitución garantizará, según la autoridad, la equidad y el equilibrio contractual para las partes; la Ley de Hidrocarburos, en cambio, permitirá la modificación de los contratos de exploración y explotación luego de un acuerdo entre el Estado y cada contratista.

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La Ley Nº 44 da paso a la aplicación de modificaciones de carácter técnico, económico, financiero o de otra índole. Mientras los contratos de cada operadora permiten la equiparación de las condiciones económicas, gracias a la cláusula relacionada con el restablecimiento del equilibrio (en la participación del Estado y de la privada).

La noche del martes último, el directorio político de Petroecuador decidió acogerse al informe de Contraloría e iniciar el proceso de revisión de los contratos.

El mes pasado, la Contraloría solicitó que se analizaran los contratos de prestación de servicios, de participación y los modificatorios (que cambiaron de prestación a participación) que el país mantiene con 14 empresas: EDC, Perenco, Agip Oil, CNPC Amazon, Encanaecuador, Occidental, Repsol YPF, EcuadorTLC, CGC, Burlington, City Oriente, Tripetrol, Petrobras y AEC Ecuador.

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Tras la resolución del directorio, el siguiente paso será comunicarla a cada una de las compañías, tarea que se cumplirá en los próximos días, informaron funcionarios del Ministerio de Energía.

Posteriormente, se pedirá a Petroecuador un análisis completo de cada contrato y, con apoyo de técnicos especializados, se determinará bajo qué parámetros se los renegociará, uno por uno.

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La noche del martes, Iván Rodríguez, ministro de Energía, comentó que entre los miembros del directorio existe una “fuerte intención” de contratar a un grupo de profesionales extranjeros para que se efectúe el trabajo. “Buscamos agilidad y desearíamos que (el proceso) no demande más de dos o tres meses”.

En Petroecuador discreparon con la idea. El argumento: un equipo neutro no buscará beneficios para el Estado sino para los inversionistas. Según la autoridad, la intención no es inclinar la balanza a favor de alguno, sino mantenerla equilibrada.

Los técnicos, en cambio, recordaron que el objetivo de la revisión es buscar beneficios para el Estado.

CONDICIONES

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INTERÉS
El ministro de Energía, Iván Rodríguez, aseguró que las petroleras privadas conocen (aunque no formalmente) “que se viene la revisión de los contratos”. Las compañías, dijo, han expresado su interés en el proceso.

ESTADO
En los contratos vigentes con las operadoras privadas, el Estado –según las autoridades– tiene una participación promedio del 20%, mientras las compañías tienen el 80%. El diputado Julio González, presidente de la Comisión de Asuntos Amazónicos, pidió que el Estado vele por los intereses del país.