Cinco días han transcurrido desde que Gil Barragán se posesionara como presidente del directorio del Fondo de Solidaridad (FS). Desde ya dice haber  encontrado “irregularidades” en los procesos administrativos de las empresas dirigidas por ese organismo.

Barragán habló de la existencia de actas (sin dar mayores detalles) en el sector eléctrico. Dijo que no podía nombrar personas pero sí detallar hechos (como las actas) vinculados a “oscuras intenciones”.

Según el funcionario, cuando se posesionó pidió al presidente de la República, Alfredo Palacio, libertad de acción y espera encontrarla.

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El Fondo de Solidaridad es accionista mayoritario de 17 de las 21 empresas de distribución eléctrica del país y en dos más participa como accionista minoritario.

Al Fondo le pertenecen  las operadoras telefónicas Pacifictel y Andinatel y a través de ellas, la móvil Telecsa, así como las seis empresas de generación y la de transmisión Transelectric.