La principal organización de derechos humanos de Ecuador acusó este martes al gobierno colombiano de estar presionando al presidente Alfredo Palacio para que releve al canciller Antonio Parra Gil, quien sostiene una ácida controversia con Bogotá por el Plan Colombia antidrogas.

El portavoz de la Asociación Permanente de Derechos Humanos, Alexis Ponce, dijo que dispone de información que advierte sobre la inminente desvinculación de Parra Gil, según declaraciones citadas por radio Colón.

"La salida del Canciller obedece a factores de presión internacional, de las grandes potencias, perfectamente identificables y a adversarios del país como Bogotá", indicó Ponce.

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Según el activista, detrás del relevo de Parra también están "círculos de poder internos en alianza con medios escritos".

"Durante los últimos tres meses los grandes medios escritos publicaron alrededor de 200 noticias desprestigiando al Canciller", afirmó Ponce.

El pasado fin de semana, organizaciones ecologistas y de derechos humanos pidieron al presidente Palacio que ratifique a Parra en el cargo, aduciendo que un cambio debilitaría la posición del país frente a la "agresiva política colombiana".

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"El cambio del canciller agrega un elemento de incertidumbre a la política bilateral que hoy, más que nunca, requiere firmeza y de sólidos argumentos para hacer valer la soberanía nacional frente a las agresivas reacciones de Colombia", escribieron en la carta dirigida al jefe de Estado. 

En los cerca de cinco meses de labor, el canciller ecuatoriano ha  endurecido la posición de Quito frente al Ejecutivo colombiano, principal aliado de Estados Unidos en la región, y asumido tesis nacionalistas frente a Washington, según expertos.

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Parra Gil se declaró neutral frente al conflicto armado que vive el país vecino y, apoyado en ello, se abstuvo de considerar terrorista a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en oposición a lo que sostienen la Casa Blanca y la Unión Europea.

El jefe de la diplomacia ecuatoriana anunció esta semana que "no esperará más una decisión" y presionará internacionalmente a Bogotá para que suspenda las fumigaciones de narcocultivos en una franja fronteriza de 10 km, alegando los perjuicios que generan en el ecosistema y la salud humana.