El próximo noviembre se cumplen diez años desde que el gobierno de Durán-Ballén envió al Congreso un proyecto de ley para transformar el régimen eléctrico en el país. En realidad era el cuarto proyecto que enviaba. Los anteriores los debió retirar, pues, cada vez que lo intentaba los sindicatos públicos paralizaban el país. El proyecto tardó casi un año en convertirse en ley. Mientras tanto, el Congreso no solo que chantajeó al Gobierno para aprobar su proyecto sino que encima lo desfiguró totalmente. Un artículo de la ley se inclina a la derecha, el siguiente a la izquierda, el otro es populista. Unos privilegian el mercado, otros lo niegan.

Lamentablemente en el Ecuador esto es muy común. Muy pocas leyes tienen un sentido de orientación definido, un hilo conductor coherente. Desde que desapareció el antiguo modelo del sistema eléctrico –impuesto por los militares en 1973– el país no ha transformado realmente su sistema eléctrico. Solamente han existido cambios en la fachada. Aunque la vigente ley se esmera en hablar de un “mercado eléctrico”, este realmente no existe. La producción, transmisión y distribución siguen siendo un monopolio estatal. El Estado es regulador de un mercado en que él mismo es un operador monopolista. De paso, las dos únicas empresas de generación privada, cuya presencia es tangencial, han demandado al Estado alegando incumplimientos.

Lo único que ha salvado al país de no repetir los apagones años atrás es la generación de Colombia y Perú. Diez años atrás estos países eran deficitarios de electricidad. Colombia llegó a racionarla doce horas. Los ataques de Sendero Luminoso infligieron un daño similar al Perú. Pero a un punto ambos países modernizaron su sistema ofreciendo garantías a la inversión privada en electricidad y gas. El resultado está a la vista. No se diga Chile, donde acaban de aprobar la Ley Corta II, para profundizar su apertura en vista del déficit de gas que viene de Argentina. Son naciones con líderes, después de todo.

Ecuador, en cambio, siguió –y hasta cierto punto sigue– aferrado a la doctrina de la “seguridad nacional” que básicamente es hostil a la inversión privada. Hoy gracias a esta filosofía el país depende del extranjero. Tal es nuestra dependencia de Colombia, por ejemplo, que hace pocos días las FARC –a quienes para no incomodarlos el Ecuador no les llama terroristas– destruyeron torres de transmisión por las que se nos entrega energía con el consiguiente efecto interno. Esto seguramente se repetirá.

La energía que se nos vende es extremadamente cara. Los proveedores no hacen otra cosa que aprovecharse de la ineficiencia del Ecuador. Pero el suministro que viene del extranjero está llegando a un límite a medida que el país se recupera económicamente. Su demanda de energía ya bordea el 10% anual.
(Necesitaríamos un proyecto San Francisco cada año). Esto implica que pronto tendremos apagones.

Las soluciones no son difíciles si hay voluntad de cambiar. De lo contrario la república que está por refundarse será una república sin electricidad. Cosa harto probable.