La continua presión que recibe el Gobierno de Álvaro Uribe  para que considere como prioridad en su gestión la liberación de los  secuestrados por grupos armados de Colombia, pone al debate la propuesta de establecer un acuerdo por medio del canje de una parte de ellos a cambio de liberar a insurgentes presos. Un proceso que contempla a 60 rehenes de los 5.000 que se han registrado.

Emocionado, Carlos salió a cumplir una de sus tareas en el Grupo Gaula de la Dirección Antisecuestros de la Policía de Colombia. Esta ocasión le resultaba grata y especial porque acudiría a la liberación de un niño secuestrado, de 8 años.

El hombre, presuroso tomó su cámara para iniciar su trabajo como fotógrafo y camarógrafo de esa entidad policial.

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Al acudir al lugar, la alegría se desvaneció para dar paso  a la mayor tristeza e indignación que jamás haya sentido, al encontrar al menor muerto y su cuerpo dividido en partes guardadas en fundas.

Nadie pudo realizar su trabajo. Todos lloraban, hasta los rostros de los más fuertes hombres tipo Rambo especializados para esas tareas duras, se hallaban inundados por las lágrimas y la impotencia de evitar que el secuestro en ese país no distinga a ninguna víctima.

Luego, Carlos, con el alma partida y las lágrimas empañándole el view finder (por donde se ven las imágenes en la cámara), grabó las escenas y el epílogo de uno de los casi 1.500 secuestros que al año ocurren en Colombia.

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Carlos se prometió nunca más ver esas imágenes y las guarda en un lugar donde jamás pueda observarlas, ni siquiera por accidente.

Ante las graves consecuencias que deja esta forma delictiva de privación de libertad por diversos objetivos, en Colombia se han creado entidades para prevenirlo, eliminarlo y reducir sus secuelas.

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Así, las leyes consideran eliminar las obligaciones tributarias para quienes están en cautiverio, la Policía cuenta con mil hombres en el Gaula, y ahora, el Gobierno del presidente Álvaro Uribe no descarta una negociación con parte de los autores de los secuestros, los grupos armados guerrilleros.

Esta posibilidad, que se la considera desde hace dos años es el Intercambio Humanitario y consiste en el canje de rehenes a cambio de guerrilleros mediante negociaciones cuyas pautas no se han determinado.

Aunque el plagio mantiene retenidos a casi seis mil colombianos, a más de un grupo de extranjeros, esta negociación considera alrededor de 60 personajes políticos o vinculados con la fuerza pública, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.

Los defensores de esta propuesta argumentan que con ello se reduciría la intensidad del conflicto y se aliviaría el sufrimiento de civiles. Mientras, sus detractores no admiten la posibilidad de que los guerrilleros recobren la libertad porque son ellos precisamente los autores de secuestros.

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Marleny Orjuela, líder de la agrupación Asfamipaz, que propugna la liberación de los secuestrados, ve positivo un acuerdo humanitario.

En Colombia, durante la toma de la Embajada de República Dominicana, en 1980, se negoció la liberación de rehenes a cambio de liberar prisioneros.

La práctica del secuestro en Colombia tomó fuerza con el movimiento guerrillero 19 de Abril (M-19) a partir de 1975. Desde entonces se ha incrementado y ahora los principales protagonistas son las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y la delincuencia común.

Los objetivos de la privación de libertad son, más que todo, con fines económicos o de carácter político.

Según la fundación País Libre, entidad involucrada en dar asesoría a las víctimas y familiares de los secuestrados ante las secuelas que este deja (en lo social, psicológico y otros aspectos), es desde la década pasada, en los 90, cuando el secuestro se convirtió en una lucrativa “industria” en el país.

En ese lapso, sus ganancias sobrepasaron los 900 mil millones de pesos (alrededor de 400 millones de dólares) y sus técnicas se han diversificado pasando por secuestros en retenes o “pescas milagrosas (retenciones selectivas por lo general en carreteras)”, y secuestros masivos que incluyen el plagio de aviones.

Entre las víctimas de los secuestros se hallan el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón, quien estuvo en cautiverio ocho meses, en poder de un grupo de narcotraficantes, Los Extraditables.

El secuestro no solo afecta a la víctima sino a las familias, que enfrentan lo que se denomina la “muerte suspendida”, la angustia que caracteriza al secuestro.

Según Fondelibertad, entidad gubernamental que trata casos de secuestros desde el aspecto social, jurídico y psicológico, a más de manejar las estadísticas, el secuestro no se reduce a la pérdida de la libertad por un sector de la sociedad civil, o un resultado más de la lucha política que vive el país, sino que es uno de los componentes preponderantes de la guerra interna en Colombia.

Este enfoque resalta la parte psicológica del enfrentamiento armado, mostrando que el secuestro produce terror en los secuestrados y en quienes lo rodean; desorienta y tiende a provocar inacción y un sentimiento de impotencia en la población civil.

En Colombia, los secuestros se ubican en: extorsivo, que arrebata, sustrae, retiene u oculta a una persona para exigir por su libertad algún provecho, para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político.

Entre estos está el express que busca un objetivo económico, como cualquier acto delictivo o para proveer de recursos a fortalecer el poder de un grupo armado.

El secuestro simple retiene con distintos propósitos al anterior.

El caso del menor hallado muerto está en el primer segmento, por retención de dinero. Sin embargo, como ha ocurrido en miles de colombianos, a pesar de enviar el rescate, los secuestrados han seguido retenidos o, al igual que el caso del niño, pese a entregar el rescate, desde semanas antes había sido asesinado.