Candidatos con juicios sí podrán optar por la CSJ

Los candidatos que enfrenten un proceso penal que no haya concluido o que no tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada sí podrán participar en la selección de jueces de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), a cargo del Comité de Calificación.

Esta fue la resolución que adoptaron ayer los miembros del Comité, luego de absolver las consultas que efectuaron las empresas auditoras a los vocales del organismo.

Según el secretario del Comité, Wilfrido Enríquez, no se puede negar la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia ejecutoriada, pero sí podrán ser impugnados por cualquier ciudadano.

El plazo de las auditoras para revisar los requisitos formales y de idoneidad que deben cumplir los aspirantes vence el martes próximo.

Mientras tanto, el presidente del Comité, Carlos Estarellas, afirmó que los vocales del organismo y las firmas auditoras elaboraron el perfil de los nuevos jueces de la Corte Suprema.

Entre los requisitos constan: ser una persona honesta, confiable, trabajadora, que no intervenga en política, que sepa tomar decisiones, que respete la equidad de género y los derechos humanos y no se deje influenciar.

Estas características se reflejarán en un test de aptitud que elaboraron la empresa Desorh y los vocales del Comité luego de dos días de ejercicios técnicos y académicos.

Los candidatos, sostuvo Estarellas, responderán las preguntas del test sin que la auditora pueda incluir criterios; de las respuestas se escogerá a los candidatos que cumplen los requisitos. El test tiene una calificación de entre 1 y 10 puntos y cada empresa manejará su propio test, explicó.

Mientras tanto, el presidente del Congreso, Wilfrido Lucero, afirmó ayer que pese a las dificultades está convencido de que habrá una nueva Corte Suprema en el país antes de 60 días.

Así lo declaró a EFE tras intervenir en la II Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, que se celebró en la sede de la ONU en Nueva York.

Indicó que la recuperación de la CSJ es un problema que atañe a todos los ecuatorianos, tanto del sector público y como del privado, y no sólo a los que están al frente del Comité.