¿Cuándo tendremos CSJ?

Hay que apresurar la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). No sea que el pueblo se dé cuenta de que podemos pasarla sin ella.

A propósito, no debió vetarse a la mayoría de los magistrados de la Corte defenestrada el 9 de diciembre, hubo solo unos pocos corruptos o politizados que hicieron que el dictócrata y su mayoría corrupta los tomaran de pretexto. En cambio, la reforma de las Cortes Superiores y sobre todo de juzgados y del procedimiento, tiene urgencia todavía mayor.

La justicia es cada día más lenta y corrupta, nada funciona sin que haya que rogar y pagar. Que un juicio demore media vida, es algo atroz. ¡Hay que descongestionar los juzgados! Los abogados –ni qué decir el pueblo llano– estamos hartos y cada vez más escépticos. Por favor, no me pidan ejemplos porque daría demasiados. Jueces, abogados, amanuenses y secretarios tenemos muy mala fama, y por desgracia, merecida.

Dr. Jaime Vergara Jaramillo
Quito

Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja han sido cuna de ilustres abogados penalistas como los doctores Jorge Zavala Baquerizo, Edmundo Durán Díaz (+), Rodrigo Bucheli Mera, Arturo Aguilar, Walter Guerrero Vivanco y otros, que son un ejemplo de reconocido prestigio y probidad y que han demostrado a lo largo de su vida ser penalistas incorruptibles.

Merece que se rechace públicamente la proterva insinuación de que el connubio ilícito entre magistrados de Corte Suprema y el poder político perverso que la ha secuestrado en las últimas décadas, puede producirse únicamente en el campo penal, pues esto es irreverenciar una especialidad en el campo del derecho.

Si la rapacidad política se pone nuevamente de manifiesto, entonces tendríamos 31 nuevos magistrados obsecuentes y serviles que serían verdaderos depredadores de la justicia ecuatoriana, igualmente en el campo civil, mercantil, laboral, tributario, etcétera, en casos en que se discuten reclamos por decenas y cientos de millones de dólares.

Sin duda peca de ingenua la propuesta de evitar la intromisión y la corrupción del poder político en la Presidencia de la Corte Suprema y en las salas penales de la misma, con un acto aleatorio como el del sorteo. Si esto fuese verdad habría que tomar todos los casos con cuantías superiores a los 50 mil dólares –por ejemplo– para que la suerte decida quién resuelva incluso las causas en trámite, ya que bien podría ocurrir que se “dirija” la designación de un magistrado a determinada Sala para que “resuelva bien” determinado caso o casos.

Si se lee con detenimiento la propuesta de reforma, nos vamos a encontrar con que el presidente de la Corte Suprema, por ser considerado el más proclive para ser seducido por la concupiscencia del poder político, sería visto desde su designación que es la más alta y digna en la administración de justicia, como el más corruptible de los jueces, al que se lo dejaría virtualmente sin competencia. Con la propuesta que comento, podría darse la barbaridad jurídica de que jueces sin la especialidad en materia penal sean quienes juzguen la presunta comisión de delitos de los más altos dignatarios del país, en donde su seguridad jurídica puede estar en manos de los buenos o malos asesores de los improvisados jueces penales. La única respuesta posible es no equivocarse en la escogencia de los nuevos magistrados, cuyo proceso de selección, calificación y designación debe ser público y transparente, en circunstancias en que se denuncia ya la presencia de los paniaguados de conocidas tiendas políticas grandes que buscarán colocar a más de un cancerbero en la nueva Corte.

Dr. Alfonso Zambrano Pasquel
Guayaquil

En el transcurso de cuatro años de la Corte Suprema, anterior a la última cesada, se presentaron al Congreso tres proyectos de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, y como sabemos, no hubo la respuesta del Parlamento que cumpla con la disposición constitucional, esto es la independencia de la Función Judicial.

Como corolario, de la falta de actualización de la forma de elegir los ministros jueces de la Corte Suprema, vimos los trágicos sucesos acaecidos en el mes de abril del presente año por los cuales continuamos sin procedimiento para nombrar los ministros de la Corte Suprema, por esta razón cabe la siguiente reflexión: no podemos ignorar que las influencias y presiones externas a la Función Judicial que han maniobrado para tener acceso al poder Judicial, no ha permitido hasta la presente tener una Corte Suprema idónea.

Si para garantizar la imparcialidad en las contiendas de fútbol, los equipos contratan árbitros extranjeros, ¿por qué razón no podemos pedir que la OEA nos envíe un grupo de profesionales en derecho para que nos califique la idoneidad de los candidatos a ministros de la CSJ, y luego por sorteo público y transparente se escojan “los titulares” del grupo de los calificados? Si los cimientos de una estructura no son sólidos, la estructura se cae. Espero que nuestros políticos, conscientes del momento histórico que vive el país, se desprendan de egoísmos y orgullos, y den paso al imperio de la democracia.

Ing. Salvador Loffredo A.
Guayaquil