Hace dos días, los pobladores de una localidad cercana destruyeron una caseta donde se cobraba peaje porque, afirman, la misma no se ceñía a las regulaciones legales y porque se estaba cometiendo una injusticia contra ellos.

Pocas horas antes, un dirigente deportivo se hizo acompañar de una turba para apoderarse de bienes que no le pertenecen y luego amenazar con volver a hacerlo si en determinado plazo no se satisfacen las exigencias de su grupo.

Es muy probable que los vecinos que se quejan de la caseta de peaje tengan razón en su reclamo: los argumentos que exhiben, al menos, parecen lógicos. No sabemos, en cambio, si la queja del dirigente deportivo sea correcta puesto que de parte y parte se exponen razones de peso.

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Pero el fondo del asunto es el mismo: para hacer justicia o para ignorarla, para resolver cualquier controversia, en el Ecuador ahora se usa un solo procedimiento, el de las turbas, el de apelar a la violencia, atropellar la ley y los derechos de los otros e irrespetar las instituciones del Estado. El país parece una jungla donde lo único que cuenta es la ley del más fuerte. Arriba y abajo en la escala social o del nivel educativo, casi nadie parecería desear que la democracia como un sistema de instituciones se consolide realmente.