El Congreso investigará el abuso flagrante a un programa federal de préstamos diseñado a ayudar a pequeños negocios a recuperarse de los atentados del 11 de septiembre.

La medida busca garantizar que estos mismos problemas no ocurran con el paquete de ayuda para el huracán Katrina, informó el viernes la senadora republicana Olympia Snowe, presidenta de la Comisión del Senado para el Impulso a los Negocios Pequeños.

Snowe anunció la investigación para dar respuesta a una información publicada el jueves por The Associated Press, que mostraba que el programa federal era manejado de una manera tan poco cuidadosa que otorgaba préstamos con tasas bajas de interés a empresas que no necesitaban ayuda por los atentados o que ni siquiera sabían que los estaban obteniendo.

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La AP informó el jueves que empresas diversas, como tiendas de Dunkin Donuts y vendedores de motocicletas ubicados fuera de Nueva York y Washington, habían conseguido préstamos _que fueron obtenidos por sus bancos sin que las empresas tuvieran conocimiento de ello _ del programa de ayuda a pequeños negocios tras los atentados del 11 de septiembre.

La AP publicó las declaraciones de varios propietarios de negocios pequeños quienes aseguraban que no habían sido afectados por los atentados y que les apenaba saber que los préstamos pertenecían a ese programa.

Además, en documentos de algunos bancos y de la Agencia de Negocios Pequeños (SBA, por sus siglas en inglés) demuestran que el organismo animó a las instituciones de crédito a otorgar los préstamos con bajas tasas de interés y respaldados por el gobierno federal con una interpretación muy poco ortodoxa de las reglas para obtenerlos.

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El aparente abuso generalizado de los préstamos que fueron erogados en base a la Ley Suplementaria de Ayuda por Actividad Terrorista (STAR, por sus siglas en inglés) es, por lo menos, un ultraje, dijo Snowe.

La senadora indicó que exigirá respuestas tanto de los bancos que otorgaron los préstamos como a la SBA, que supervisaba el programa.

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El Congreso debe buscar y encontrar respuestas a esta situación que representa un posible abuso de confianza del público, sobre todo en un momento en el que la región del Golfo (de México) necesita de todos los recursos disponibles para recuperarse, indicó Snowe.