La mayoría de los inmigrantes carece de recursos concretos o de informaciones sobre la Ley de 1994 sobre la Violencia a las Mujeres –que ofrece una salida a las inmigrantes cuyos maridos abusivos son residentes legales en Estados Unidos– ni saben dónde acudir en busca de ayuda, expresó Cecilia Menjivar, profesora adjunta de sociología en la Universidad Estatal de Arizona.

A menudo, las inmigrantes no tienen acceso a los números telefónicos de las agencias que pueden ayudarlas, ya sea porque no pueden hallar la información escrita en su idioma o porque no saben a quién recurrir, dijo Menjivar.

Entre los inmigrantes prevalece la idea de que como estás violando la ley no tienes ningún derecho, lo que no es así. Todos tienen igual protección ante la ley, acotó Montserrat Caballero, directiva de Su Voz Vale, organización de ayuda a mujeres.

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Si una inmigrante está casada con un ciudadano estadounidense o un residente permanente legal, este puede patrocinar una solicitud para legalizar la situación de ella.

Pero en situaciones de abusos, el esposo a menudo amenaza cancelar el proceso de solicitud y denunciar a la inmigrante a las autoridades, dijo la abogada Ann Benson,   directora del Proyecto Inmigratorio de la Asociación de Defensa Washington.

Básicamente están como rehenes en ese matrimonio debido a su condición inmigratoria, agregó. Sus esposos abusivos impiden que consigan la tarjeta verde para mantenerlas bajo su control.

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La ley otorga a las inmigrantes que puedan demostrar haber sido víctimas de abuso doméstico la facultad de solicitar de por sí la tarjeta de residente.

En el año fiscal 2004 se aprobaron 5.076 de dichas peticiones en Estados Unidos, un 76% de las solicitudes en que intervino el gobierno. Desde comienzos del año fiscal 2005 en octubre, el gobierno ha aprobado al menos 4.300 peticiones.