Hoy, sin embargo, la guerra ha vuelto a estallar, y uno de los bandos en pugna se ha apoderado de las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano para imponer su punto de vista.

No deseamos tomar partido en esta pelea. Los dos sectores han actuado con intransigencia y han hecho muy pocos esfuerzos para tender puentes entre sí. Pero debemos denunciar que el método de tomarse por la fuerza unas instalaciones deportivas cuya misión es templar el carácter y la personalidad de nuestros jóvenes, y no deformarlo con el mal ejemplo, rebasa todos los límites legales y éticos.

Las autoridades de Policía deben actuar de inmediato y con absoluta firmeza para garantizar la seguridad de las instalaciones amenazadas, además de apresar a los promotores de este delito, para que reciban la sanción que merecen.

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Lo que está en juego no son nimiedades. Hemos dejado que destruyan nuestras instituciones políticas, hemos permitido que destrocen la legalidad y pisoteen la moral pública. Pero no podemos permitir, bajo ningún concepto, que se use el deporte para inculcar con el mal ejemplo valores retorcidos en nuestra juventud.