El alcalde de Pedro Vicente Maldonado, Héctor Borja, fue imputado por ser el presunto autor intelectual del asesinato de Francisco Ramón, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, ocurrido el 29 de agosto pasado.

A las 21h30 del martes pasado, el fiscal Vicente Reinoso emitió la resolución en la cual explicaba que encontró “visos de responsabilidad” en Borja y también en el guardia de la hacienda El Paraíso, Dilxon Cotera Solís; en Pedro Quiñónez (quien habría atado a la señora Inés Portilla); Walter Carvajal y Segundo Castro Cotera. Carlos Guagua Angulo, quien supuestamente fue el autor material, fue imputado en otra resolución.

Todos ellos están acusados por la muerte de Ramón que fue asesinado, según versiones preliminares, por ocho encapuchados, que lo acuchillaron mientras estaba atado de manos y en el suelo.

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Según la instrucción fiscal, Reinoso se basó en las investigaciones practicadas en la indagación previa y en las versiones de Dilxon Cotera, Pedro Quiñónez y Carlos  Guagua Angulo, quienes coincidieron en que estuvieron en el lugar del crimen acompañados por cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana quienes fueron contratados por el alcalde.

Según esas versiones, les ofrecieron pagar 200 dólares a cada uno para que les ayudaran a realizar “el trabajito”. El fiscal también pidió que se dispongan las medidas cautelares contra los imputados. Esto significa que el alcalde y los supuestos autores materiales continuarán encarcelados.

Algunos pobladores de Pedro Vicente Maldonado, quienes respaldan al alcalde imputado, se enteraron de la medida fiscal ayer en la tarde. Por ello un grupo de partidarios se dieron cita, a las 14h50, en el parque donde está ubicada la Policía Judicial de ese cantón.

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Gonzalo Quezada aseguró que Borja, quien había sido profesor antes de dedicarse a la política, es una persona de escasos recursos que vive en una humilde casa arrendada y que le sorprendía las declaraciones sobre que supuestamente había pagado 10.000 dólares a García para el asesinato de Ramón.

La Policía Judicial continuó ayer con sus investigaciones y se reveló que están previstos allanamientos en viviendas del cantón. En la mañana hubo el rumor de que se había allanado la casa del alcalde, en busca de pruebas sobre el asesinato, pero esto no se concretó, según informó Galo Jiménez, coideario de Borja, porque unos 70 partidarios vigilan la propiedad.