El presidente de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), Ramiro Borja, pidió la salida de este organismo a los vocales Ricardo Vanegas y Rómulo López, cuestionados por interferir en el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En una carta, con fecha 5 de septiembre, Borja asegura que “para la eficacia de la Comisión se requiere de unidad interna y de prestigio; contra una y otra, atenta que ustedes la integren, lo que afecta hasta el punto de minar la existencia de la institución”.

Por ello, señala el titular de la CCCC, “les pido que por el camino apropiado se retiren de la entidad, invocando el patriotismo”.

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En tanto, Vanegas dijo desconocer esta carta, que aún no ha sido notificado y prefirió no emitir opiniones hasta enterarse  “del verdadero motivo por el que Ramiro Borja hace este pedido”.

Borja, en cambio, asegura que el contenido de su misiva responde a los pedidos de la sociedad civil que se transmiten en los diferentes medios de comunicación. Los dos vocales de la Comisión defendieron la designación de Marco Tulio Cordero, como miembro del Comité Calificador para elegir a los magistrados de la Corte Suprema.

Pero el nombramiento de Cordero fue cuestionado por tener pendiente una investigado en la Fiscalía desde el 2003, por presuntas vinculaciones con el ex gerente de las aduanas de Quito, Carlos Flores.

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Además, el pasado 11 de agosto, Vanegas y López impugnaron la presencia de la empresa BDO como auditora del proceso de calificación de jueces, al denunciar un conflicto de intereses, pero lo hicieron sin que el pleno de la Comisión Anticorrupción ni su unidad de investigación conocieran el caso.

El 24 de agosto pasado, el vocal Helmuy Calle (representante de las centrales sindicales) intentó archivar el proceso contra los dos vocales por la presunta injerencia y retardo en el proceso de nombramiento de la nueva Corte.

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A esta posición se unió Piedad Gálvez (representante de las mujeres), lo que fue obstaculizado por los vocales Ramiro Larrea (representante de los derechos humanos) y Manuel García-Jaén (de las cámaras de la Producción), quienes exigieron aclarar la situación de los comisionados.