El monto equivale a casi la mitad de la pro forma  presupuestaria del 2006, que suma $ 8.564,3 millones.

El sector público se debate entre un presupuesto limitado –con nueve de cada diez dólares asignados, sin posibilidad de redistribuirlos– y un segmento que recibe enormes beneficios económicos, por preasignaciones, subsidios y otras transferencias que suman $ 4.115,3 millones.

Más de la mitad de ese dinero está fuera del presupuesto. “No se los ve”, dijo en una presentación sobre preasignaciones el ex representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Ecuador, David Yuravlivker.

Publicidad

Los $ 4.115,3 millones superan las partidas destinadas al gasto social, a salarios o al servicio de la deuda y representan casi la mitad de la pro forma ($ 8.564,3 millones) que el Ejecutivo envió al Congreso el jueves pasado.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solo las preasignaciones creadas por ley alcanzan los $ 1.935,04 millones. Allí se cuentan, por ejemplo, los recursos que recibirán directamente las universidades, el Fondo de Desarrollo Seccional (Fodesec), el Servicio de Rentas Internas (SRI) o la Corporación Aduanera.

Los técnicos del SRI estiman que la regla general de cada año es que el 75% de los ingresos tributarios vaya al presupuesto y que el 25% restante se distribuya entre los partícipes de las preasignaciones.

Publicidad

Los subsidios suman su parte. Los pensionistas del Seguro Social Obligatorio, los de las Fuerzas Armadas y los de la Policía reciben una subvención estatal, igual que el gas de uso doméstico y el diésel.

Solo el gas, según el documento presentado por el MEF al Congreso, registra un subsidio de $ 326 millones para este año y de $ 337 millones para el próximo. En el rubro “Otras transferencias” constan más asignaciones que no pasan por la pro forma, entre ellos están proyectos de bienestar social o la Junta de Defensa.

Publicidad

Los organismos multilaterales –como el Banco Mundial o el FMI– han insistido en la eliminación de preasignaciones y subsidios para que esos fondos integren los presupuestos, pero las presiones de los beneficiarios se han impuesto.

Según el MEF, el 16% del dinero asignado de antemano se destina a instituciones que están dentro del presupuesto; el 31% a las que están fuera de él, pero dentro del sector público (autónomas) y el 53% a las que están fuera del sector público no financiero.