Cierto es que sus pronunciamientos muchas veces se limitaron a eso, a meras declaraciones, no por falta de voluntad o coraje de sus miembros sino por ausencia de mecanismos en la Constitución y la ley que le permitiesen pasar de las palabras a los hechos. Pero que al menos existiese una institución que levantaba su voz para denunciar ciertos atropellos de las autoridades de turno, servía para demostrarnos que la honorabilidad, la decencia y la honestidad no son necesariamente incompatibles con la función pública.

Lamentablemente, la actual Comisión no está defendiendo ese capital moral como debiera. Ciertas actuaciones de algunos de sus integrantes lo están poniendo en peligro, al punto que muy bien podría ocurrir que en poco tiempo pase a ser un ente burocrático más, como tantos otros que no cumplen su función controladora.

Ojalá que todavía estemos a tiempo de evitarlo. Para eso, habrá que recuperar el rumbo anterior, lo que necesariamente implicará que se dejen de lado ciertas presiones políticas.

Publicidad

No es una tarea fácil, lo sabemos, pero sí necesaria y urgente.