La importación emergente de dos cargamentos de combustible con 250.000 barriles de nafta y de diésel, cada uno, será otra de las medidas que adoptará el Gobierno para enfrentar el próximo estiaje (octubre-marzo) y evitar, así, los apagones.

El crudo, proveniente de Venezuela, llegará al país a finales de mes y se destinará al consumo de las 20 generadoras térmicas que están produciendo a toda capacidad.

La compra adicional de los derivados obedece a dos factores: la proximidad del estiaje y la baja producción de crudo en la estatal Petroecuador, consecuencia del paro amazónico que se efectuó del 14 al 25 de agosto pasados.

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El mes pasado, el país registró la hidrología más seca de la historia, según Édgar Ponce, presidente (e) del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) y Gabriel Argüello, director ejecutivo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Tanto que el embalse Amaluza está a 21 metros de llegar al mínimo para operar la central Paute.

En temporada seca, las plantas térmicas producen el 64% de la electricidad que consume el país; el 36% restante proviene de las hidroeléctricas, la interconexión con Colombia y la generación con gas.

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Esa dependencia, que al país le cuesta casi $ 1.000 millones al año, ha obligado a las autoridades del área a “optimizar al máximo el consumo del diésel”, enfatizó Argüello.

Hasta el jueves, las reservas de combustible se ubicaban en un nivel óptimo y no representaban un peligro para la generación; según el Cenace, se registraba un 33% de diésel, un 43% de búnker y un 61% de nafta.

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La necesidad de importar derivados surge, además, de la creciente demanda eléctrica que anualmente se eleva en un 7%; los sectores que más demandan son el comercial y el residencial.

La situación ha puesto, nuevamente, en discusión la necesidad de una campaña de ahorro eléctrico. Iván Rodríguez, ministro de Energía, aseguró que se la hará, pero no dijo fechas.

Se negocia un acuerdo bilateral con Perú para adquirir, a ese país, energía durante los meses más críticos de la sequía. Los precios están en estudio, pero se ubicarán –según la autoridad– en un nivel similar al que se paga por la importación desde Colombia.