Los secuestrados en Colombia y sus familias quedarán  eximidos temporalmente de pagar sus deudas con las entidades bancarias y el fisco, según lo determina una ley que entró en vigencia   ayer y que busca minimizar las secuelas de un  delito del cual se registraron 1.250 casos en el 2004 en el país.

La Ley de Protección a Víctimas del Secuestro  obliga a los acreedores a  suspender el cobro de deudas que hayan contraído personas secuestradas o sus  familias, hasta un año después de que se produzca su liberación.

Igualmente obliga a las empresas a seguir pagando los salarios de sus  empleados que sean plagiados, según el texto divulgado por la Casa de Nariño  (la sede presidencial).

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Para hacer efectivo los beneficios, bastará con una denuncia sobre el  secuestro que debe ser presentada ante las autoridades judiciales.

Según el gobierno, la ley  beneficiará a unas 7.000 familias.

La ley también determina que a los militares y policías secuestrados se les debe reconocer como tiempo activo el que permanezcan en poder de sus  captores.

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A pesar de una sensible reducción de los casos de plagios en los últimos tres años,  Colombia sigue siendo uno de los países en donde más secuestros se  cometen al año.

El número de casos se redujo de 2.111 en el 2003 a 1.250 el 2004 y según un balance entregado a comienzos de agosto por la policía, en el primer  semestre del 2005 se registraron 172 secuestros, la cifra más baja en dos  décadas e inferior a la de otros países de la región.

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A fines del noventa Colombia registró una media de 3.000 secuestros por año y entre las víctimas se incluyen niños.

Los secuestradores forman parte de la delincuencia común, grupos armados de las guerrillas o paramilitares.