Quienes piensan que no es ético el concurso en el proceso de selección de la nueva Corte de los abogados que intervinieron en causas de narcotráfico, sustentan la apreciación en el innegable vínculo abogado-cliente o abogado-causa.

Los que critican la exclusión de los abogados del proceso de selección sostienen precisamente lo contrario: que no es lo mismo causa que abogado o abogado que cliente, que todo ciudadano –nacional o extranjero– tiene derecho a la defensa, y hasta se podría agregar que el principio fundamental de la igualdad ante la ley se lesiona en la medida que se discrimine entre defensa de una causa de tránsito, por ejemplo, con una de narcotráfico.

El problema ahora ya no es si está bien o no que participen colegas que defendieron este tipo de causas, sino algo más grave, que lo da la circunstancia que sobre la marcha del proceso de selección de magistrados –cuando ya había comenzado– se ha resuelto no aplicar la norma prohibitiva de la ley que impedía esa participación, con lo que se concreta una violación al trámite que, lo sabemos los abogados, es causa de nulidad de todo proceso.

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Como solo se beneficia al que ha participado en el proceso de selección –y no al que respetando la ley dejó de hacerlo en vista de la prohibición– el concursante estará ahora en el aprieto que se deriva ya no de la defensa de una causa de narcotráfico, sino del falso juramento, porque ha debido hacer declaración juramentada de que no defendió en esos juicios –solo así se lo entiende participando– y sin embargo de que sería reo de falsedad, bien pudiera resultar designado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, porque ya no lo afecta el impedimento; lo mismo ocurre con los defensores de causas contra el Estado.

Aunque es improbable que casos de falso testimonio se den realmente –porque nadie es su sano juicio habrá declarado con juramento que no ha defendido esas causas, cuando sí las ha patrocinado– entonces de todas formas se da el absurdo de una disposición inaplicable –de la Comisión Calificadora– pero que ha creado alboroto innecesario, poniendo en riesgo el proceso injustificadamente.

Dr. Milton Toral Zevallos
Guayaquil