El juez 12º de lo Penal del Guayas, Paúl Ponce, revocó (dejó sin efecto) la semana pasada la orden de prisión preventiva que pesaba en contra de los tres implicados en el caso de intento de exportación de 420 sacos de aletas de tiburón hacia China.

Los imputados, Óscar Pozo Pérez, Jorge Toapanta Gonzabay y Ángel León Castro, se beneficiaron con la resolución luego de que el funcionario judicial les aceptara la petición de fianza.

Así, el ex funcionario de la Subsecretaría de Pesca, Óscar Pozo Pérez, se liberó de la orden de prisión al pagar 6.000 dólares por concepto de fianza en el Banco Nacional de Fomento.

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Mientras, el exportador Jorge Toapanta Gonzabay y el afianzador de Aduana, Ángel León Castro, se acogieron a una justificación de estado de pobreza para rebajar su fianza de 6.000 a 2.000 dólares.

El dinero de la caución también fue remitido a la misma entidad bancaria.

La medida en contra de los imputados estuvo vigente desde el pasado 17 de junio, luego de que el fiscal Antonio Gagliardo les iniciara la instrucción (juicio) bajo los cargos de presunto delito de captura y comercialización de especies protegidas en peligro de extinción.

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El expediente del fiscal tuvo como sustento el informe preliminar del perito, el biólogo Marco Villagómez Villacís, quien verificó que el contenedor poseía 12.000 aletas de tiburón.

Sin embargo, la inspección definitiva incrementó a 14.000 el número de aletas de tipo caudal (de la cola), que se pretendieron exportar a la empresa Taishan Dongxing.

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El juez Ponce indicó que el pedido de fianza es calificable aunque los imputados nunca estuvieron detenidos.

Pese a ello, Ponce aclaró que el proceso de investigación continúa en la Fiscalía.

Mientras, mediante resolución N° 001 SRP 2005, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, destituyó de su cargo al inspector de pesca, Oscar Pozo Pérez, tras haberse realizado un sumario administrativo y demostrado la comisión de infracciones a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

 

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