El análisis del documento  presupuestario está ligado a las reformas que se hicieron al Feirep.

La pro forma presupuestaria del 2006 está marcada por las reformas a la Ley de Responsabilidad Fiscal –impulsadas por el ex ministro, Rafael Correa–, cuyo principal efecto es la eliminación del techo del gasto corriente y la inclusión de los recursos que, desde fines del 2003, constituyeron el Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del Endeudamiento Público (Feirep).

¿Cuál será el efecto? Mientras varios analistas insisten en que la inyección de esos nuevos recursos implicará aumentos del gasto, la ministra de Economía, Magdalena Barreiro, sostiene que no habrá más egresos que los descritos en la ley.

Hasta el jueves pasado, la versión preliminar era que la pro forma sumaba más de  8.400 millones de dólares; es decir, un aumento del 14% respecto al presupuesto aprobado por el Congreso para este año, de $ 7.344 millones.

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Los gastos de personal en el 2006 –tema que preocupa a los organismos multilaterales– alcanzarán, como mínimo,  2.450 millones de dólares.

En cuanto a los ingresos generados por el Estado (que no incluye a los préstamos), la semana anterior el Ministerio de Economía (MEF) determinó que el precio del barril de petróleo será de $ 35. Con ese valor, los ingresos petroleros llegarían a $ 1.570 millones.

Los impuestos sumarían cerca de $ 4.000 millones y se constituirían en la principal fuente de recursos (casi el 50%) de la pro forma presupuestaria.

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La versión preliminar contempla necesidades de financiamiento por más de $ 2.200 millones y un monto similar para el servicio de la deuda.

El MEF estima, sin embargo, que el 2006 tendrá un déficit de $ 300 millones. Cubrir esa diferencia entre ingresos y egresos será uno de los objetivos del próximo año.

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El financiamiento externo es el principal problema, tras la débil imagen política que tiene el Gobierno frente a los multilaterales y a los agentes del mercado internacional.

Barreiro tiene previsto entregar hoy una versión de la pro forma al presidente de la República, Alfredo Palacio. Una vez que el mandatario le dé su visto bueno, el texto será enviado al Congreso.

El Banco Central, a su vez, elaborará su informe técnico y lo remitirá a la Comisión Legislativa de lo Tributario.