Las presiones políticas, la falta de recursos y la imposibilidad de contratar a las firmas auditoras que respaldarán la selección de jueces, son los principales obstáculos a los que se ha enfrentado el Comité de Calificación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El pasado 17 de abril el Congreso declaró cesantes a los ministros de la llamada “Pichi Corte”. Y desde entonces han transcurrido más de cuatro meses sin magistrados.

Recién el 25 de mayo entraron en vigor las reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, que permitieron integrar el Comité el 6 de junio pasado con dos vocales: Bolívar Torres, por los judiciales, y Carlos Estarellas, por las universidades. Luego se unieron Rosendo López, por los grupos de  derechos humanos, y Ketty Romoleroux, por la sociedad civil.

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Cuando transcurría la fase de conformación del Comité, el representante de los abogados del país, Víctor Cevallos, denunció la intervención en los colegios electorales de Angelita Albán, vocal del Prian ante el Tribunal Supremo Electoral, y de los vocales de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), Ricardo Vanegas, y del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Ramiro Aguilar Pozo.

También se habló de la injerencia del dirigente de los trabajadores judiciales, Luis Muñoz, quien pese a no ser parte del proceso, convocó a una reunión de los ministros de cortes superiores del país, sin invitar a los magistrados de la Corte Superior de Quito.

Esta etapa se superó cuando los vocales del Comité, Estarellas y Torres, entregaron –el 21 de junio– el puesto de los Tribunales de Honor a la sociedad civil, por la falta de transparencia y división del colegio electoral que eligió como miembro de ese organismo a Marco Tulio Cordero, un ex embajador investigado por la Fiscalía en el 2003 por presuntas vinculaciones con el ex gerente de las aduanas de Quito, el cura Carlos Flores.

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La decisión del Comité fue cuestionada por Vanegas, quien defendió la legalidad de la designación de Cordero.

Incluso, Estarellas llegó a sugerir que Cordero (vinculado al Prian y a los judiciales) podría integrarse al Comité, por haber sido designado por la mayoría de los Colegios de Honor de los abogados.

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Con ese mismo razonamiento, Olmedo Castro (ex prosecretario del Congreso como cuota del PSC), entregó  a Cordero una oficina, vehículo con chofer y secretaria, pese a que no fue posesionado.

Otra acción que pudo haber alargado el proceso en 12 días fue el dictamen del procurador José María Borja, que otorgó ese mismo número de días como plazo para que la CCCC nombre a su representante ante el Comité.

El pedido fue negado, aunque Vanegas afirmó que era una obligación cumplir el dictamen de la Procuraduría.

Una vez posesionados (27 de junio), los vocales del Comité aprobaron el reglamento para la selección de la CSJ, rebasando en tres días el plazo de seis que les daba la ley.

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Con ello, entre el  12 al 26 de julio se abrió el proceso de recepción de candidaturas, que terminó con 310 aspirantes.

El retraso más largo que sufre ahora el proceso de selección de jueces es la falta de contratación de las auditoras que verificarán si los candidatos a magistrados cumplen con los requisitos de ley.

Paralelamente a la recepción de candidaturas, se invitó a las empresas a participar en un concurso público que fue declarado desierto, pues solo tres auditoras entregaron propuestas. Una segunda convocatoria tuvo seis ofertas. Solo tres fueron calificadas por cumplir los requisitos. Este paso demoró 15 días.

RESUMEN

CONFLICTO DE INTERESES
El 11 de agosto pasado se decidió firmar el contrato con las empresas BDO y Desorth. Pero, ese mismo día los vocales de la CCCC, Ricardo Vanegas y Rómulo López, denunciaron un conflicto de intereses de esa auditora y el proceso se retrasó hasta el 18 de agosto cuando se dejó fuera del proceso a la BDO.

FALTA DE RECURSOS
El CNJ se niega a entregar al Comité los recursos  ($ 500.000) mediante el argumento de que no tiene fondos; sin embargo, el pasado 31 de julio del 2005 el organismo convocó a un concurso público para llenar 133 vacantes en los distritos judiciales del país. La entrega de la suma se concretará el lunes o martes próximo.

CONSULTA POPULAR
Si persiste el incumplimiento de plazos, podría fracasar el pedido del Comité al Ejecutivo para que incluya una pregunta en la consulta popular prevista en diciembre próximo, a fin de que el pueblo legitime la elección de los 31 jueces.
Con esta decisión, el Comité busca bloquear cualquier intención de desestabilizar a la administración de justicia, por parte de sectores políticos.