La falta de recursos y “cultura del secreto” es para la  Defensoría del Pueblo el mayor obstáculo.

Las páginas de internet de los ministerios del Gobierno  no cumplen con los requerimientos que señala la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Este Diario revisó el contenido de dichas páginas y la mayoría de ellas solo presenta datos sobre la institución, marco legal, directorio de personal, entre otros -en algunos casos incompleta-, mas no de contratos colectivos, sueldos, auditorías internas y otros de índole económica, como dispone la ley de Transparencia.

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DEFENSORÍA Según la Defensoría del Pueblo, los ministerios tienen 30 días para cumplir con los 17 ítems que les exige el reglamento de la Ley para la Vigilancia.

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Si  quiere saber cuánto gana el ministro de Energía, cuántas licitaciones ha realizado el Ministerio de Obras Públicas (MOP) o cuánto reciben por viáticos los funcionarios del servicio exterior... al menos a través de internet no podrá obtener esas informaciones.

Son quince los ministerios del país, pero ninguno  cumple  todos los requerimientos que señala la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Los contenidos que se observan en las páginas electrónicas de los ministerios existen más por iniciativa individual que por dirección de sus autoridades.

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La mayoría de instituciones presenta los datos sobre su organización, marco legal, directorio de personal, etcétera, pero al momento no se pueden obtener datos de contratos colectivos, sueldos, auditorías internas y otros de índole económico.

Este Diario realizó un recorrido virtual por cada uno de los ministerios, donde se constató que la ley y reglamento de acceso a la información no se cumplen.

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De acuerdo con una disposición transitoria de la ley, desde el pasado 18 de mayo, todas las instituciones que manejan recursos públicos tienen  obligación de transparentar sus gestiones a través de sus respectivas páginas web institucionales.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)  y la Agenda Nacional de Conectividad debían elaborar un instructivo con las especificaciones técnicas y de diseño, con la finalidad de unificar las páginas web de los ministerios, pero recién estuvo listo el pasado 12 de julio.

José Vivanco, miembro de la Agenda, explicó que una de las razones para el retraso fue el cambio del régimen.

En las entidades públicas se argumenta que no tenían el instructivo. A esto se suman argumentos de escasez de presupuesto.

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El instructivo dispone que la información pública debe ordenarse así: organización interna, sueldos y beneficios, servicios, presupuesto, contratos, rendición de cuentas, responsable de la información e índice de la información reservada.

El Ministerio de Economía, durante la gestión de Rafael Correa, fue el único que firmó un convenio para transparentar la información con FARO organismo que agrupa a Coalición Acceso, Ruptura de los 25, Universidad Católica, entre otros.

Los ministerios todavía están lejos de actualizar y facilitar el acceso a la información requerida, incluso entidades como la cartera de Defensa, para permitir la navegación en su página solicita primero llenar una base de datos, requisito que no se menciona en ningún punto de la ley o reglamento.

Si los ministerios tienen páginas incompletas, la web de la Presidencia de la República (www.presidencia.gov.ec) no pasa de ser una página institucional.

En la presentación del libro Acceso a la información pública, los autores recuerdan que “la ley es la respuesta a una cultura política y de gestión pública de rasgos tradicionales y reactiva a la transparencia, caracterizada por  prácticas clientelares, autoritarias, corporativas y secretistas de sus mandantes, en la administración de los recursos”. Pero más adelante recuerdan que para que funcione hay que usarla.