Amazónicos no están satisfechos

Técnicos de Petroproducción calculan que hubo cerca de 50 atentados al  oleoducto.

Los dirigentes del paro en Orellana y Sucumbíos que se inició el 15 de agosto y concluyó el jueves anterior, consideran la posibilidad de retomar la paralización.  Han dicho que hoy, a las 10h00, en El Coca, lo decidirán.

La causa es que existe un texto que modifica el acuerdo logrado la semana pasada y que terminó con las protestas. Sucumbíos y Orellana reclaman que se las atienda con obras sociales.

El prefecto de Sucumbíos, Guillermo Muñoz, denunció este hecho y entregó un texto en el que se cambia, entre otras cosas, lo relacionado al aporte del Impuesto a la Renta (IR) que harán las petroleras.

“...Se aclara, dicen, que el monto ‘máximo’ que donan las empresas petroleras corresponde a 16 puntos porcentuales...” del Impuesto a la Renta y no “el 16% (tácito) del 25% del Impuesto a la Renta”.

La paralización de actividades en ambas provincias dejó como resultado heridos, derrames de crudo y contaminación ambiental.

El fuerte olor a petróleo  que ese soleado lunes 15 de agosto se expandió en la finca  La Fortuna  llamó la atención de la familia Lalangui. Ninguno sabía de qué se trataba hasta que los ingenieros de la petrolera canadiense Encana les comunicó que a 120 metros de su casa había un derrame.

Manuel Lalangui, el hijo mayor (de 21 años), recuerda que cuando ellos llegaron al sitio del daño  la excavación ya existía, “por eso dicen que es atentado, pero nosotros nada tenemos que ver”.

Era miércoles y se cumplía el tercer día   del paro en Orellana y Sucumbíos. A solo 72 horas  del inicio de la protesta ya se habían descubierto cinco atentados: dos en la finca  La Fortuna; unos cien metros al norte de ese sitio, y dos más, unos tres kilómetros antes de la finca, relata Manuel. Los técnicos del Distrito Amazónico lo confirmaron.

Los daños provocaron el derrame de más de 3.000 barriles. La tubería afectada: los oleoductos secundarios que transportan petróleo de los campos y pozos  a los tanques de almacenamiento de Encana y de la estatal Petroecuador.

Los técnicos de Petroproducción calcularon, sin embargo, que hubo entre 40 y 50 atentados. Y enumeraron el robo de equipos de alta tensión, cables, fusibles y aparatos de medición. Incluso, dijeron que los manifestantes les han hecho saber que  los devolverán  después del paro, que terminó el pasado jueves.

Los petroleros relataron que para dejar a los pozos en iguales condiciones que antes requerirán de, al menos, 36 millones de dólares. De los 426 pozos  que hasta un día antes del paro estaban operando, al jueves 25 de agosto solo 70 faltaban por atender. Los demás, aunque ya están operando, requerirán de reacondicionamiento y rehabilitación.

Desde el primer día del paro, algunos manifestantes afectaron los campos petroleros. El objetivo fue exigir que las provincias tengan una participación más significativa de la renta petrolera, expresó John Rosero, uno de los dirigentes.

¿Por qué en la tubería? Para que el país se dé cuenta del desbalance entre la riqueza petrolera y el atraso social, expusieron activistas de la zona que prefirieron no identificarse por temor a represalias.

A pesar de que la naturaleza resultó la primera afectada, será la última en recuperarse. Hasta el 24 de agosto pasado, Encana no se acercaba a realizar los trabajos de remediación ambiental en la finca La Fortuna. Aún se esperaban las órdenes desde Quito.

EL UNIVERSO constató en un recorrido que la contaminación era aún visible y el olor a petróleo penetrante. Los esteros, pantanos, matorrales, algunas plantas de cacao y el agua que desemboca en el río Aguarico estaban contaminados. Hasta el pozo del que se abastece de agua la familia Lalangui tuvo que abandonarse, pues el supervisor ambiental de Petroproducción les prohibió consumirla.

En iguales condiciones se encontraban las familias de Oswaldo Maza y Amable Mendoza, quienes no tenían ni pasto para el ganado.

Petroproducción, en cambio, había comenzado los trabajos de recuperación (no remediación) del crudo en el kilómetro 37 de la vía a Tarapoa. Marco Guachamín, de la compañía Congemimpa, quien estaba a cargo de la obra, intentaba en tres turnos y con ocho personas detener el paso del hidrocarburo mezclado con agua hacia el río Aguarico.

En las carreteras ningún poblador reprendía el paro, aunque este les causaba molestias para trasladarse. Muchos llegaban a sus destinos tres días después (en condiciones normales tardan entre 45 minutos y dos horas y media).

En el camino no encontraban gabarras, rancheras (chivas), camionetas o buses interparroquiales.
Kaiser Lulumba, conductor de una de las gabarras, indicó que no la movió para evitar desmanes.

Pero, desde que se militarizaron las provincias, las actividades cotidianas y comerciales se restablecieron paulatinamente, dijo el general Gonzalo Meza, comandante de la Cuarta División del Ejército.

Las más problemáticas fueron Lago Agrio y Coca, aunque el lunes 22 de agosto hubo fuertes enfrentamientos en Dayuma, la cuarta parroquia más grande de Orellana.

Los puentes que unen ambas provincias y que se levantan junto a siete ramales de tubos petroleros en  la vía que pedían sea asfaltada fueron, en momentos, el campo de batalla entre militares y pobladores.

Nadie salió herido de gravedad. Solo dos militares y tres civiles registraron contusiones, precisó Meza. Los primeros por pedradas y los segundos por asfixia, consecuencia de las bombas lacrimógenas.

También hubo doce detenidos, uno de ellos periodista de la radio Suprema de Coca, liberados un día después de haber estado encerrados.

Los días de protesta, según Luis Román, presidente ejecutivo de Petroecuador, dejaron pérdidas por 107’448.330 dólares. De este monto, el 57% corresponde al Estado y a las ganancias que dejó de recibir por las exportaciones de crudo, en momentos en que el barril superaba los 65 dólares.

Román recalcó que el daño más grave fue a la producción, pues de 201.000 barriles que estuvo un día antes del paro, esta bajó a un poco más de 135.000 barriles, un día después.

El agravante mayor, para los técnicos, es que deberán reparar los pozos, a más de 10.000 pies de profundidad con un presupuesto limitado.