A cambio de dinero para financiar sus viajes, los migrantes hipotecan o venden, sin saberlo, sus terrenos o viviendas. Los prestamistas o coyotes, según abogados consultados, no acumulan bienes para lucrar de ellos, sino para extorsionar a sus propietarios. Las leyes vigentes no permiten sancionar a toda la cadena del delito.

El tráfico de personas favorece la articulación de redes informales de prestamistas que financian los viajes de los emigrantes. A cambio de los créditos, sus familiares hipotecan o venden –algunos sin saberlo– sus terrenos o viviendas.

Según comentaron familiares de los desaparecidos en el naufragio del pasado 13 de agosto, el coyote ya no necesita el dinero del chulquero porque asume directamente el costo del viaje a Estados Unidos. Las garantías se firman cuando el migrante llega a Guatemala y desde ahí se reporta que la transacción se puede llevar a cabo.

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Los abogados que atienden a los perjudicados dicen tener dificultades para rescatar las propiedades porque las transacciones son aparentemente legales. 

Una hora de camino a pie por una vía de tierra negra y oscura, intransitable para los vehículos, conduce a la comunidad de Cocha Seca, en el cantón azuayo de Nabón. Desde ese sitio partió Pedro Quezada Ochoa, de 18 años, cuya familia presiente que falleció en el naufragio del barco ecuatoriano ocurrido en aguas del Pacífico colombiano el pasado 13 de agosto.

Su madre, Elsa María Ochoa, de 47 años, viuda y a cargo del cuidado de ocho hijos más y tres nietos, reza con vehemencia ante un altar con velas blancas ubicado en el centro de su pequeña casa de adobe y teja, con solo dos habitaciones y una cocina en la que aún predomina el fogón de leña. Desde la ventana, observa los cultivos totalmente secos por el estiaje. El agua falta hasta para preparar los alimentos.

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“Solo quería mejorar la situación económica. Yo no conocía a ninguna de estas personas (los coyotes). Una vez cuando yo fui a cobrar el bono de la pobreza en la cola un señor me dijo que en la Feria Libre hay una pareja que lleva y me dio la dirección, entonces yo le dije a Pablo que averigüe", recuerda la mujer.

Ella asegura que no pagaron ni firmaron nada; solo hubo la intención de hipotecar las 17 hectáreas de terreno de su propiedad, pero esto debía hacerse cuando llegase a Guatemala. Esa era la garantía que el coyote exigía a cambio de transportar al joven a los Estados Unidos.

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Los traficantes aseguraron que no tendría problemas de pago del crédito. “Incluso le dijeron que podíamos pagar 20, 10 ó 5 dólares mensuales, aunque sea en 20 años, yo no creí y le dije a Pablo que dude de tanta facilidad, pero ya todo estaba hecho”, relata.

Unos días antes del viaje, a través de una llamada telefónica, el coyote le recomendó tener todos los papeles listo (cédulas, certificados de votación, planillas de pago) para la hipoteca porque su hijo llegaría en ocho días a Guatemala. Para salir de ese país hacia México ya debía haberse realizado el pacto.

Los coyotes –señala– le indicarían el día en que debía suscribir la hipoteca en la notaría. La escritura debía sentarse por 10 mil dólares con las 17 hectáreas como garantía. Pero el viaje costaba 11.500 dólares; de ahí que el saldo debía ser cancelado con otros bienes y además el crédito del coyote-chulquero debía ser cancelado con el 4% de interés mensual.

La historia de los Quezada Ochoa es similar a la de otras familias que presumen la desaparición de sus seres queridos en el naufragio del 13 de agosto. Según los testimonios, ninguno pagó dinero al coyote, ni solicitó créditos a prestamistas, ya que el mismo traficante de personas asumía el costo del viaje a cambio de una hipoteca que debía suscribirse cuando los emigrantes arribaran al país centroamericano.

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“Paralelamente a la articulación de redes de tráfico se crean redes informales de prestamistas que cobran intereses a tasas de usura. Esta situación se produce por la falta de medios formales para la obtención de créditos en muchos países de origen de la migración. Estos prestamistas crean un círculo vicioso de endeudamiento en el que quedan hipotecados casas, terrenos y otros bienes, donde la única esperanza de solventar la deuda es el envío de remesas”, señala la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos de los Migrantes, Gabriela Rodríguez, en un informe del 2002.

Abogados que defienden a perjudicados señalan que, actualmente, el coyote ya no necesita del financiamiento del prestamista o chulquero. Ambos utilizan los mismos procedimientos legales para quedarse con los bienes de los migrantes; esto es, la hipoteca y el contrato de compraventa de bienes inmuebles; esta última forma resulta mucho más conveniente para los traficantes de personas “porque tienen más seguridad”, refiere Gonzalo Lucero, abogado de migrantes del cantón azuayo de Gualaceo.

Cuando un bien es hipotecado, el deudor no pierde su propiedad; pero si no cancela el crédito, el acreedor la embarga y, más tarde, la remata. Usualmente, los prestamistas o coyotes piden al dueño del bien que firme letras de cambio en blanco –sin  la presencia de testigos– que luego completan con los supuestos montos del préstamo concedido.

En lo que va del 2005, el Registro de la Propiedad de Cuenca inscribió 2.785 hipotecas; en el 50%, los beneficiarios son personas naturales y, el resto, instituciones financieras (bancos, mutualistas o cooperativas de ahorro). En el 2003 se inscribieron 3.713 y, el año pasado, 4.242.

Las hipotecas pueden ser abiertas o directas; con la primera, el mismo bien prendado puede garantizar varios créditos; con la segunda, una propiedad garantiza un monto determinado de dinero. El documento suele inscribirse a nombre del coyote, el prestamista, sus familiares u otros miembros de la red.

A través de los contratos de compraventa, en cambio, se realiza una supuesta venta de los bienes; así que el deudor entrega al prestamista o coyote las escrituras, quienes le ofrecen devolvérselas al terminar de pagar la deuda cuando el bien, realmente, ya les pertenece.

Familias como la de Rosa Ulloa de Villa, por ejemplo, accedieron a firmar ambos tipos de documentos a cambio del crédito del prestamista. Hace nueve años, “doña Aída” (la supuesta chulquera) le entregó catorce millones de sucres para financiar el viaje de dos de sus yernos; a cambio, la mujer entregó las escrituras de sus dos casas de cemento.

Al año, se marcharon sus hijas Ligia y Rosa. La prestamista le entregó, entonces, el equivalente a doce mil dólares, garantizados por el mismo documento de compraventa. Más tarde, le pidió hipotecar la casa de su hijo William. Por las cuatro deudas, la mujer cancelaba alrededor de 400 dólares mensuales de intereses; según sus cuentas, ella pagó el monto total a los dos años.

William viajó a EE.UU. hace dos años; para ello la prestamista le entregó 3.000 dólares. Más tarde partió otra de sus hijas, Sonia, quien solicitó otro crédito de 5.000 dólares. Las dos casas de doña Rosa respaldaron, nuevamente estos préstamos que ella afirma haber pagado con puntualidad.

La chulquera demandó a doña Rosa hace un año por 46 mil dólares de las deudas de sus cuatro hijos y sus dos yernos; una tarde, mientras lavaba la ropa en la terraza de la casa de William, donde habita con ocho nietos y otros dos hijos, fue desalojada por la Policía.

Los oficiales echaron sus muebles a la calle y colocaron grandes candados en las puertas de hierro negro. Ella las rompió y volvió a meterse a la que llama “su casa”. Luego se enteró que la chulquera las había vendido por 20 mil dólares.

La prestamista le ha dicho que quiere llegar a un acuerdo extrajudicial: “Ya, vea, págueme 15 mil dólares y le devuelvo todo”. Doña Rosa solo tiene diez mil. “Y pensar que “doña Aída” es mi comadre... Esa gente no ha de ver la cara de Dios”, dice ella con indignación.