Diputados cuestionan los videos de Gándara

Congresistas dicen que el Ministro usa grabaciones para chantajear y le exigen los nombres de los ‘palanqueadores’ o quedará como un mentiroso, afirman.

Diputados de diferentes partidos políticos exigieron ayer al ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, que dé los nombres de quienes fueron a su despacho a “palanquearse”, como lo afirmó el miércoles pasado.

“Debe dar nombres o quedará como mentiroso”, dijo Carlos González (ID) durante la sesión de ayer, mientras que Roberto Rodríguez (PRE) exigió al presidente del Congreso, Wilfrido Lucero (ID), que tome cartas en el asunto y pida las debidas explicaciones.

La diputada de Sociedad Patriótica, Ximena Bohórquez, aseguró que el espionaje político siempre ha existido y que los hechos que hoy se descubren del gobierno actual (la falsificación de documentos) también ocurrieron en el régimen de su esposo, Lucio Gutiérrez.

“Se deben cortar de raíz estas mafias. Sobre el espionaje hubo una denuncia aquí en el Congreso, que según la Policía no fue comprobada, lo que sí le ratifico es que hubo documentos que se fraguaron para obtener canonjías, beneficios, puestos, carguitos, etcétera”, dijo.

Luis Villacís, del MPD, que presentó el miércoles un pedido de juicio político contra Gándara, manifestó que con el video que el ministro de Salud, Wellington Sandoval, le grabó a Miguel Robalino y las grabaciones que dice tener Gándara de la visita de los diputados, se demuestra que el Gobierno está acudiendo al espionaje y al chantaje. “Así se está cumpliendo lo que el ministro ha dicho, no me voy a ir solo, conmigo se van también algunos diputados, y así quiere frenar la acción del Congreso para enjuiciarlo”, manifestó.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Guillermo Haro (ID), expresó que se le exigirá al Ministro de Gobierno los nombres de los legisladores “palanqueados” y que de los resultados de la investigación que la Comisión está haciendo por la falsificación de documentos en Carondelet “poco a poco ya estamos llegando a conclusiones de que todavía hay gutierristas en el gobierno de Alfredo Palacio”.

Como ejemplo, mencionó a Julio Ponce Arteta, ex funcionario del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, “involucrado en actos de corrupción y que ahorita está como director de marketing en Andinatel”.

Según Haro, con la revelación del video de Robalino y las grabaciones de Gándara “no me llamaría la atención que al puro estilo de Montesinos (en Perú) se estarían utilizando videos para chantajear a muchos políticos”.

Los diputados mencionados,  el socialcristiano Xavier Sandoval y el roldosista Omar Quintana aseguran que la grabación oculta de videos constituye un delito, pues “es un acto inconstitucional” y le corresponde al Congreso fiscalizar las acciones del régimen.

Según Sandoval, el PSC cuestiona las acciones de Gándara pero no apoyarán el juicio político que planteó el MPD. Sobre las grabaciones afirmó que podría tratarse de fanfarronería del ministro.

TELEFÓNICO

Denuncia
El 16 de mayo del 2005, el Ejecutivo reportó la desaparición de un equipo de espionaje telefónico que habría sido adquirido y utilizado en el gobierno de Lucio Gutiérrez.

Investigación
El 17 de mayo del 2005, el entonces secretario de Comunicación, Carlos Cortez, confirmó que el presidente Alfredo Palacio ordenó a la Policía que inicie la investigación para determinar el paradero del equipo.

Pedido
El 19 de mayo del 2005, el Gobierno recibió un pedido formal de la Comisión de Fiscalización del Congreso para que entregue más información sobre la presunta adquisición, uso y posterior desaparición de un equipo de espionaje.

Reunión
El 26 de mayo del 2005, Carlos Cortez  y el ex secretario de la Administración, Óscar Ayerve, hablaron sobre el presunto espionaje telefónico en el gobierno de Gutiérrez. Ayerve aclaró que no participó en la adquisición de equipos.

Sigue espionaje
El 9 de junio del 2005, el legislador Carlos González (ID) afirma que continúa el espionaje desde el Gobierno, ya que desde el 20 de abril están intervenidos los celulares de dos periodistas por pedido del fiscal de Pichincha, Henry Estrada.