Mauricio Gándara dice que sancionar a los responsables no es acción del Gobierno sino de la Fiscalía.

Con la ausencia del representante de las petroleras privadas y luego de cuatro días de negociaciones, el Gobierno impuso anoche su tesis de dejar en manos de la Fiscalía las sanciones a los responsables de los daños ocasionados durante el paro de Orellana y Sucumbíos que se inició el pasado 15 de agosto.

Ese punto, junto con la vigencia del estado de emergencia en esas provincias, impidió las negociaciones el pasado miércoles una vez que los tres sectores (gobierno, autoridades seccionales y petroleras) llegaran a un preacuerdo de cinco puntos que fue ratificado anoche únicamente por el régimen y las autoridades provinciales.

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El ministro de Energía, Iván Rodríguez, quien se integró ayer a las negociaciones, se comprometió a suscribir el documento con las petroleras que, según dijo, tienen previsto acudir hoy al palacio de Carondelet para oficializar su decisión.

Puntos del acuerdo
Entre los cinco puntos del acuerdo destacan que las petroleras entregarán el 16% del rubro que pagan por el Impuesto a la Renta para usufructo de las dos provincias y se comprometen a construir un fondo vial para el asfaltado de 260 kilómetros de carreteras en Orellana y Sucumbíos.

También establece que esas empresas determinen la contratación preferencial de mano de obra calificada y no calificada local.

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Con ello y pese a que el prefecto de Sucumbíos, Guillermo Muñoz, aclaró que esas decisiones serán consultadas esta semana en una asamblea, se puso fin a la medida.

En la tarde, el ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, sostuvo que no puede hacer constar por escrito que no habrá sanciones para los responsables de los daños.

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Dijo que esa decisión no es una acción que le compete al Gobierno sino a la justicia y que el régimen no puede realizar una intromisión en otra función del Estado.

Cerca de las 19h00, tras varias horas de reunión, se suscribió el acuerdo en el que además del régimen y los prefectos provinciales se incluyó la firma de los alcaldes de los once cantones de Orellana y Sucumbíos.

El documento establece también la eliminación progresiva del sistema de tercerización; la contratación de servicios de alimentación y de transporte terrestre y fluvial a las empresas de la zona.

El acuerdo señala que habrá apoyo para programas de desarrollo social para las comunidades indígenas de la zona y crear un clima de buena vecindad y paz.

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Las negociaciones para levantar la paralización se iniciaron el lunes pasado, una vez que los dirigentes provinciales llegaron a Quito tras una tregua alcanzada el pasado fin de semana.

AMAZÓNICAS

REPRESIÓN
Una marcha que realizaron ayer 300 personas en el cantón Coca, Orellana, fue disuelta por miembros de la Policía, cuando ya se había decretado la derogatoria del decreto de emergencia. Como saldo de la acción Manuel Guamán resultó con una herida en la cabeza y otra persona no identificada con síntomas de asfixia.

HUELGA DE HAMBRE
Desde el pasado miércoles, quince mujeres iniciaron una huelga de hambre en el cantón Lago Agrio, de la provincia de Sucumbíos, para exigir la derogatoria  del estado de emergencia, la libertad de los detenidos y rechazar la persecución en contra de los miembros del comité de paro y los pobladores que apoyaron la medida.

GRUPO
Las mujeres en huelga de hambre son: Darlis Quiñónez, Margory Espinosa, Lucía Cabrera, Rosa Quinche, Rocío Romero, Amparo Peñaherrera, Carmen Allauca, Magdalena Vallejo, Alicia Chanchicocha, Diana Salinas, Guadalupe Gudiño, Flor Jumbo, Fresia Freire, María Arias, María Barrezueta.

SIN ALIMENTOS
Moradores de la parroquia Taracoa, del cantón Orellana en la provincia del mismo nombre, denunciaron que miembros del Ejército que controlan el paso en el puente Alejandro Labaka, sobre el río Napo, han decomisado víveres que transportaban a esta población.

PARA INDÍGENAS
Según Miguel Ochoa, uno de los afectados por los operativos, los militares retienen los alimentos con el pretexto de que se estaría reabasteciendo a las comunidades indígenas y colonas que podrían retomar el bloqueo de las carreteras y los pozos petroleros de un momento a otro.