Hasta el lunes próximo deberán esperar la operadora de telefonía móvil Porta y los representantes de la Fundación Ecuatoriana de Defensa del Consumidor para conocer un fallo de la Intendencia de Policía de Pichincha sobre la demanda que dicha organización interpuso en contra de la empresa, por el trato otorgado a los usuarios prepago.

Tras una audiencia de juzgamiento que se cumplió ayer, el intendente, Mauricio Riofrío, inició la valoración de los argumentos de ambas partes para emitir su pronunciamiento hasta dentro de tres días, en virtud de lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor, explicó el funcionario.

El representante de la Fundación, Carlos Luna, exigió que se hagan públicos los términos del acta transaccional que acordó la compañía (Conecel), propietaria de la marca Porta, con el abogado de los consumidores de Guayaquil, Jorge Zavala Egas.

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En dicha acta, Porta se comprometió a otorgar un beneficio adicional (en minutos) a los usuarios de tarjetas prepago de 20 y 30 dólares; quedaron excluidas las de $ 10.

El acuerdo se concretó luego de que la Defensoría del Pueblo  advirtiera sobre el inadecuado sistema de cobro (se facturaba desde que el cliente aplastaba la tecla send y no desde que el destinatario contestaba la llamada) aplicado por la compañía a sus clientes prepago.

Porta modificó este sistema en junio pasado.

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Ayer los representantes de la empresa aseguraron que el tema es “cosa juzgada”.
Se trata, insistieron, de un beneficio comercial voluntario, no de una indemnización o compensación.