Debido al manejo de la cuota política en el servicio exterior del actual Gobierno, la discusión sobre la reforma a la Ley que la rige volvió a cobrar vigencia.

El presidente de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior (Afese), Javier Ponce Leiva, envió el pasado lunes al presidente del Congreso Nacional, Wilfrido Lucero (ID), una carta para que se incluya en el orden del día el segundo debate de la reforma a la Ley de Servicio Exterior y se reduzca la cuota política.

La ley fue presentada por el diputado Ramiro Rivera (DP) y lleva dos años en discusión sin resultados. Funcionarios de la Cancillería y los mismos diputados dicen que esta no se aprobará porque hay intereses políticos, “algunos bloques están pugnando por cargos y calculan para cuando sean gobierno”.

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Para Ponce, la modificación de la ley es urgente mientras “la política en el Ecuador sea clientelar”, en alusión al manejo que le dio el ex presidente y ex canciller, Lucio Gutiérrez y Patricio Zuquilanda, respectivamente, y la que desarrolla el actual Gobierno.

El Ministro, según Ponce, pidió al procurador del Estado, José María Borja, que emita un nuevo pronunciamiento sobre el número de funcionarios políticos que puede ubicar en el servicio exterior. Aunque Borja en dos ocasiones ha indicado que son 56, Parra espera que la cifra suba a 83.

Al momento se han ubicado 46 políticos, pero “ya hay más de un bachiller y de emparentados con políticos” observó ayer Rivera. Entre los cambios se analiza reducir la cuota política del 25% al 15%, que esta se restrinja a las categorías de embajadores y cónsules y que sus carpetas sean calificadas por la comisión calificadora de personal para garantizar su profesionalismo.

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A criterio de Alfredo Serrano (PSC), presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, “el porcentaje no es el problema sino su calidad, los requisitos deben estar claros, si bien han existido casos paupérrimos hay otros significativamente importantes”.

En ese sentido, Ponce coincidió que la presencia de buenos embajadores políticos obliga a los diplomáticos a esforzarse, pero un mal servicio exterior le puede salir caro al país (como el caso de Germánico Molina en Argentina).

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Recordó que está en proceso el voto del migrante para el 2006. Sobre el tema, Serrano comentó que tiene pendiente una reunión con Parra en la que aprovechará para presentarle el borrador de la reforma a la Ley de Documentos por los Pasaportes Diplomáticos.

Según sus cálculos, la ley podrá entrar a debate en un mes. El diputado anunció que pedirá la comparecencia de Parra en la Comisión por la relación con los Estados Unidos y la consulta al Procurador.

En tanto, el secretario general de la Administración, Luis Herrería, aseguró que el Canciller no ha presentado su renuncia, aunque otros sectores afirman que se quedará hasta el 31 de agosto.