Es sumamente riesgoso que un país, que se precie de ser reconocido como sociedad organizada, pueda existir sin la cobertura anímica, identititaria y normativa de Estado.

Que aquí se haya llegado, con la abulia de muchísimos de nosotros, a que grupos minoritarios decidan y consigan, en puntuales sitios del país, nulitar el pronunciamiento electoral por periodos establecidos al mandato de 22 provincias del país, es algo inaudito. Entonces, ¿cómo pueden grupos minoritarios venir decidiendo e imponiendo estos patrones antielectorales, contraadministrativos y antijurídicos; como es evidente ha venido sucediendo –con énfasis récord– en la última década?

Si el Estado es una figura jurídica consensuada, más allá del bien y del mal, se ha venido aprovechando los errores de sus eventuales representantes jerárquicos para temerariamente embestir contra este. Por los años 90 comenzó a difundirse la cuña de “todo lo que es (servicio) del Estado es caro y malo” y en el primer quinquenio del siglo hemos oído: “¿...me pregunto para qué sirve el Estado?” Cuando lo más lógico y honesto habría sido reconocer qué partido político controló el Estado haciéndolo sujeto de sus estrategias corporativas y herramienta de sus metas electorales.

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Valdría preguntarse si, en las presentes horas, se sigue embistiendo contra la autoridad protectora del Estado, cuando: se impugna localísticamente la vigencia de un icono cívico, se lo priva sectorialmente de una prudente prerrogativa, como ser garante de los archivos del Registro Civil, de la carnetización y habilitación de los transportistas terrestres, etcétera; garantizante que sus multitudes usuarias estén inmunes a las presiones partidistas de partido gobernante en la localidad.

Ing. Agro. César Chávez Onofre
Guayaquil