El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, anunció este lunes que mantendrá a la actual cúpula militar pese a las críticas por el manejo de las protestas en la Amazonia, que condujeron a la suspensión de las exportaciones estatales de crudo.

Jarrín reiteró igualmente que el gobierno continuará aplicando el estado de emergencia en las provincias petroleras de Sucumbíos y Orellana hasta que se "resuelva políticamente" la protesta de los pobladores contra las multinacionales de crudo.

"Cuando se haya solucionado definitiva y políticamente el conflicto, también daremos paso a que los militares retornen a los cuarteles", afirmó Jarrín.

Publicidad

En una entrevista con Ecuavisa, Jarrín desestimó las críticas contra los mandos militares por su aparente falta de previsión y control de las manifestaciones en la Amazonia. "Las situaciones de riesgo no fueron creadas por las autoridades, sino por gente desaprensiva que planificadamente trataron de cortar todo el funcionamiento del sistema petrolero", agregó. En ese sentido, ofreció un "respaldo absoluto a los comandantes de las Fuerzas Armadas".

"Mi primera decisión fue dar el respaldo absoluto a todos los mandos militares, de tal manera que se pueda consolidar una organización profesional, bien estructurada", anunció.

Según Jarrín, en la zona de las protestas operan mínimo unos "460 pozos, unas 1.200 válvulas, 25 campos y unos tres complejos petroleros", lo que dificulta su vigilancia.

Publicidad

"La inteligencia es el recurso fundamental para actuar, pero cuando hay sabotaje técnico -hay más de 3.000 personas que trabajan en los pozos y que tienen información sensible-, es muy difícil hacerlo", justificó.

Los pobladores y autoridades de Sucumbíos y Orellana cumplen una semana de protestas contra las petroleras, en demanda de nuevas fuentes de trabajo, inversión vial y la renegociación de los convenios de explotación con las  multinacionales.

Publicidad

El pasado miércoles el Gobierno decretó el estado de emergencia para frenar las manifestaciones y las tomas de pozos, que obligaron a la suspensión de las exportaciones estatales de crudo y dejan pérdidas por cerca de 500 millones de dólares, según el Ejecutivo.

Los líderes de la huelga declararon el domingo una tregua para facilitar el diálogo, en Quito, con el gobierno y las empresas extranjeras.