Hasta el día anterior eran los del yankee go home. Ahora hacen paro en dos provincias amazónicas para que las empresas extranjeras pavimenten caminos, hagan obras sociales y exploten a sus coterráneos como fuerza de trabajo no calificada. Claro que, con toda la lógica que les asiste, no dejan de pedir que se vayan esas mismas petroleras. ¿Deberán desaparecer antes o después de hacer las carreteras y de emplear a los amazónicos? Esa es la incógnita, porque resulta que en la nueva visión de la economía, de la sociedad y del Estado, la responsabilidad de las obras de infraestructura, de los servicios de salud y de educación, del transporte y de la seguridad social debe estar en manos de empresas privadas (mejor si son extranjeras porque tienen más plata). De paso, para quien tenga aún confusiones, hay que entender que la oposición a la privatización solo es válida cuando se defienden malos servicios que están en manos del Estado, porque allí se encuentra el corazón de la soberanía.

En la misma línea, las más altas autoridades gubernamentales se han hecho a un lado y han dicho que su papel en el conflicto es simplemente mediar entre quienes se han levantado violentamente y las empresas hacia las cuales se dirigen las demandas. Es que el paro es contra las empresas, han dicho con seguridad y soltura. La solución está en los doscientos kilómetros de pavimento comprometidos por una de las transnacionales y unas cuantas obras sociales prometidas por otras. Es la novedosa y creativa visión del Estado innecesario.

Esta nueva visión resulta el paraíso para las autoridades locales. Para qué molestarse con pedir —de acuerdo con las leyes vigentes y sin tener que modificar ni un reglamento— que les entreguen funciones, atribuciones y recursos para atender los problemas que ahora han llevado a la violencia. Es mucho más útil y rentable presionar al Gobierno y que este a su vez pase la pelota a las transnacionales. Los municipios y consejos provinciales pueden hacerse cargo de todo lo imaginable —con excepción de seguridad externa y relaciones internacionales—, con solamente pedirlo. El Gobierno central está obligado a transferirles lo que soliciten, incluidos obviamente todos los recursos que están previstos para ello en el presupuesto. Claro que eso exige trabajo diario, conformación de equipos técnicos, diseños de planes y eficiencia en la ejecución. Entonces, para qué hacerse problemas si el negocio, en términos políticos y económicos, está en el paro. Al final si no responde el Gobierno central (al que se empeñan en confundir con el Estado), deberán responder las empresas extranjeras.

Para guardar coherencia y estar a la altura de los tiempos, solo cabe esperar que el Estado ecuatoriano (en realidad, lo que queda de él) firme nuevos contratos con las empresas extranjeras, en los que estas se obliguen a desarrollar la infraestructura y ofrecer los servicios sociales. Así quedará claramente establecido quién tiene la responsabilidad y ante quién se debe reclamar. La firma servirá, además, de partida de defunción de esa cosa innecesaria.