El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Eduardo Maruri, dijo ayer que el objetivo de la carta enviada a la fiscal general subrogante, Cecilia Armas, donde se solicita la reorganización “inmediata”, es evaluar la actuación de agentes fiscales y jueces penales en los procesos legales contra delincuentes.

El 10 de agosto pasado, la Junta Cívica y las cámaras de la Pequeña Industria, Comercio, Construcción e Industrias de Guayaquil aseguraron en el comunicado que las medidas adoptadas por el Municipio porteño y la Policía Nacional para garantizar la seguridad en la urbe “no han sido suficientes... por la actitud permisiva, irresponsable e ilegal de algunos agentes fiscales y jueces penales que se valen de cualquier recurso para liberar a los antisociales”.

En la carta no se especifican nombres de fiscales o jueces “debido a que no tenemos pruebas sobre irregularidades en las cortes. Conocemos que existen, por eso pedimos que se evalúen las actuaciones de todos”, aseguró Maruri.

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Este Diario buscó la opinión del fiscal del Guayas, Walter Tomsich, respecto a este tema pero una fuente judicial dijo que no se pronunciará.

En la Fiscalía General de la Nación se informó que Cecilia Armas aún no se ha pronunciado sobre esta solicitud y que tiene previsto llegar a la ciudad el próximo miércoles con el fin de reunirse con los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y los miembros de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil para analizar la propuesta.

Renato Carló, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria, dijo que es necesario impulsar un concurso de merecimientos para elegir a nuevos integrantes de las dos instituciones. “La percepción ciudadana es que luego del esfuerzo que hace la empresa privada para dar seguridad, los delincuentes recuperan la libertad”, manifestó.