El ambiente era pesado y contaminado ayer en Nueva Loja, por causa de cientos de bombas lacrimógenas que la Policía utilizó para dispersar a los manifestantes, quienes salieron a protestar contra el estado de emergencia  decretado el miércoles en la noche por el Gobierno para Sucumbíos y Orellana, el cual restringe las libertades civiles en estas provincias.

Los principales enfrentamientos entre la población y la fuerza pública ocurrieron en la avenida Quito, donde policías y militares detuvieron y encarcelaron a los manifestantes, quienes cumplen hoy su quinto día de paro.

Decenas de llantas incendiadas y maderos en las vías dificultaron el tránsito y la respiración en medio de un calor asfixiante.

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Hasta las 14h00, fuentes policiales informaron haber detenido a unas quince personas, quienes no pueden aplicar al recurso de hábeas corpus por disposición de las autoridades militares.

Mientras, en el hospital  Marco Vinicio Iza, los médicos de turno atendieron a cerca de doce afectados, la mayoría con síntomas de asfixia, aunque también hubo personas con heridas en el cuerpo.

Los voluntarios de la Cruz Roja tuvieron un arduo trabajo. Uno de ellos, Víctor Burbano, todavía se recuperaba de una herida en la cabeza sufrida la tarde del miércoles mientras auxiliaba a una niña de la represión policial.

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El estado de emergencia permitió a los  militares declarar el toque de queda en las dos provincias, que impide transitar libremente desde las 22h00 hasta las 05h30.

Además, quedaron prohibidos la venta y el consumo de bebidas alcohólicas; la tenencia de armas, municiones y explosivos; incurrir en delitos relacionados con el medio ambiente; se suspendió la inviolabilidad de domicilio; así como el derecho a la libre opinión y expresión de las ideas por los medios de comunicación; la libertad de asociación y reunión con fines pacíficos, entre otros derechos.

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La medida fue criticada por la prensa local, que abrió  sus micrófonos a los líderes civiles, quienes calificaron de autoritaria la decisión del Gobierno y acusaron a las compañías petroleras de no querer llegar a un acuerdo con las provincias de donde extraen la mayor cantidad de crudo.

El coronel Jorge Naranjo, comandante del Batallón de Selva 56 Tungurahua, advirtió  a las autoridades civiles con apresarlos en caso de promover movilizaciones.

Pese a ello, Máximo Abad, alcalde de Nueva Loja, y Guillermo Muñoz, prefecto de Sucumbíos, dijeron no estar dispuestos a abandonar el liderazgo de la protesta, lo cual fue reforzado por la presencia de miles de manifestantes en las calles, donde camiones llenos de militares armados se dedicaban a romper todo intento de agrupación.

La labor comercial fue prácticamente nula en esta ciudad, donde se teme  un desabastecimiento de combustibles en las próximas horas.

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Respecto de las denuncias de una avería de un oleoducto, este Diario pudo comprobar que se trata de un daño menor en una tubería secundaria de la compañía Encana, en el sector de Pacayacu (a 30 km de Nueva Loja). Alguien abrió un orificio que provocó la contaminación de un pantano, pero el crudo no llegó a los ríos. Alfonso Jiménez, dirigente de Pacayacu, dijo que todo fue un montaje del Gobierno y las pretroleras para justificar la emergencia.

12 MANIFESTANTES
Fueron atendidos ayer en el hospital Marco Vinicio Iza,  la mayoría de ellos con síntomas de asfixia, aunque también hubo varias personas con heridas en el cuerpo. Todos afectados  por la represión de la fuerza pública.

PARALIZACIÓN

REVOCATORIA
El Movimiento Popular Democrático (MPD) exigió ayer al Gobierno que revoque la emergencia decretada en Sucumbíos y Orellana, por ser inconstitucional,  y  solicitó al presidente del Congreso, Wilfrido Lucero,  que convoque a sesión extraordinaria a fin de dejar sin efecto esa decisión.

REPRESIÓN
La organización Participación Ciudadana (PC) se solidarizó también con las provincias en huelga y condenó la represión exagerada con la que el Gobierno ha violentado los derechos fundamentales y el derecho a la protesta de los ciudadanos de la Amazonia.

COMPARECENCIA
Frente a este tema, los parlamentarios del MPD solicitaron la comparecencia ante el  Congreso del ministro de Defensa, Solón Espinosa, a fin de que responda las razones de la represión  contra los manifestantes y los periodistas que cubren el paro.

ENGAÑO
La prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, calificó ayer como mentiroso al ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, por no asistir a la reunión de los dirigentes del paro, el miércoles pasado.

AYUDA
La funcionaria no descartó que en las próximas horas la provincia de Napo se una a la paralización de Sucumbíos y Orellana. “Estamos en la lucha de manera pacífica y contamos con el apoyo de la región Amazónica”, dijo ayer en Radio City. Aseveró además que la población no le teme a la emergencia decretada por el Gobierno Nacional.