El petróleo no pertenece a unos pocos sino a todo el Ecuador. Resulta inadmisible por eso que en nombre de cualquier causa, incluso  justa, se imponga  la suspensión de las exportaciones de crudo y se deje al país sin su más importante fuente de financiamiento.

El Gobierno se ha atado a sí mismo las manos. Sus voceros declaran que no dialogarán mientras se mantengan las actitudes de hecho; y que no reprimirán porque no quieren seguir el ejemplo de su antecesor. ¿Pero entonces qué piensan hacer?

Nadie desea una matanza. Tampoco es necesaria. Los que están haciéndole daño al Ecuador no son los habitantes de Sucumbíos y Orellana, cuyos reclamos tienen sólidos fundamentos. Los culpables aquí son tres o cuatro autoridades locales que en forma demagógica se   pusieron a la cabeza de la protesta para desviarla de su justo cauce.

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El Gobierno Nacional debe  dar una solución inmediata  al conflicto, actuando contra esos cabecillas que promueven un incendio sin medir el daño que ocasionan.

Prudencia con la población, que pide por algo que sin duda es justo; pero mucha energía contra quienes juegan irresponsablemente con esos sentimientos.