Mientras los ciudadanos que podemos almorzar todos los días y tener trabajo discutimos si las cámaras legislativas deben ser dos o una, o si las futuras votaciones de diputados deben hacerse considerando una división electoral por distritos (¿formados por cantones o parroquias o con una división territorial nueva, con listas abiertas, cerradas o uninominales sin listas?), siguen saliendo de la cantera humana ecuatoriana gente desesperada que se lanza a la aventura de emigrar, en condiciones precarias y a veces denigrantes, porque puede más que cualquier cosa su angustia por salir del hueco al que la han empujado los gobiernos irresponsables y la sociedad injustamente estructurada.

Alrededor de cien personas, aparentemente emigrantes ilegales, han desaparecido hace una semana en altamar al naufragar, frente al litoral de Colombia, la embarcación en que viajaban con la posible ilusión de llegar a otro país que les permitiera mejorar una vida que, como muchísimos compatriotas, la “desvivían” aquí.

La emigración es un fenómeno que ocurre, desde hace mucho, en una sola dirección, desde el sur pobre del mundo hacia el norte rico, es decir desde la América hispanoparlante, desde el Asia de los tsunami y desde el África toda, subsahariana o no, hacia Estados Unidos y Europa, quienes cada día ponen más trabas a los inmigrantes porque supuestamente se comen los impuestos y hacen aumentar los gastos de atención social, a lo cual se suma, en estos años de alarma terrorista y delincuencial, el temor a aceptar al diferente, al otro que no conocen, de piel y costumbres (y a veces de idioma y religión) distintas.

La situación del emigrante, en el caso de los ilegales, en ocasiones es tan dura como aquella de la que quieren escapar, por muchas razones, entre ellas el desarraigo de su familia y de su tierra, además de que por su propia condición son presa fácil de la explotación por parte de gente inescrupulosa y abusiva que nunca falta en ningún lugar, sin que puedan acudir en su defensa a las autoridades o a la policía por temor a la deportación. Y eso que, al contrario de lo que comúnmente se cree, según el profesor Antonio Izquierdo de la Universidad de La Coruña y según cifras del 2002, el porcentaje de inmigrantes en España, con titulación universitaria, llega al 28,8% mientras los españoles alcanzan solo el 21%.

Curiosamente, como me decía un amable y asiduo lector de esta columna, los dos países donde hay más ecuatorianos con problemas migratorios son Estados Unidos, formado por variopintos inmigrantes, y España, el mayor productor de emigrantes a lo largo de la historia. ¡Hay naciones que se olvidan de su pasado!

Pero haciendo abstracción de ese comportamiento amnésico, ¿cuál es la política del Ecuador en relación con esa gran población de compatriotas-emigrantes a la cual pronto, según lo que se lee y escucha, se le reconocerá su derecho al voto como lo manda la Constitución? ¿Existe una política real trazada en beneficio de aquellos que tienen que aceptar un destierro obligatorio?