El ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, informó hoy de un nuevo derrame petrolero en la zona amazónica donde desde hace seis días se cumple una huelga en reclamo de la construcción de obras de infraestructura.

Sin indicar cuánto petróleo se ha perdido, Gándara indicó a la televisión local que el derrame se produjo a 200 metros del lugar donde el pasado miércoles desconocidos dañaron un tubo de transporte de crudo operado por la empresa canadiense Encana, lo que hizo que se vertieran unos mil barriles de petróleo.

Los huelguistas descartan ser los autores del atentado contra el oleoducto y señalan que el primer derrame denunciado había ocurrido antes de las manifestaciones, pero no se había hecho público.

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René Ortiz, representante de las empresas petroleras  internacionales presentes en Ecuador, calificó de "atentado criminal" la nueva rotura de un tramo de un oleoducto secundario, pero, al igual que Gándara, sin informar sobre la cantidad de crudo derramado.

"Tiene las características de ser un atentado terrorista", señaló Ortiz sin apuntar a nadie en concreto. Recordó que las compañías petroleras mantienen su oferta a los huelguistas, que incluye apoyo para la construcción de carreteras y el compromiso para contratar también a personal y transporte local para los trabajos en la zona.

Ortiz informó que el trabajo de la mayoría de las compañías que representa "está totalmente paralizado" y solo hay tres pozos, en zonas alejadas a las de las protestas, que están operando.

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La ministra de Economía, Magdalena Barreiro, cifró en unos 300 millones de dólares el impacto fiscal para el país por la huelga en las provincias de Orellana y Sucumbíos, que han obligado a la paralización de la producción y la exportación de petróleo.

El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador y sus ventas financian alrededor del 35 por ciento del Presupuesto General del Estado.

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"Las pérdidas económicas pueden ascender a cerca de 570 millones de dólares, pero el impacto fiscal es menor y podría ser de aproximadamente 300 millones de dólares", dijo la Ministra.

De su lado, Gándara ratificó hoy la firmeza de las decisiones contra los huelguistas: "el Gobierno mantiene el estado de emergencia porque no puede permitir que el vandalismo sea una manera de obtener ventajas a costa de todo el pueblo de Ecuador".

El ministro insistió en que no dialogarán con los manifestantes mientras se mantenga la huelga, que comenzó el pasado domingo en reclamo de obras de infraestructura, en especial vial y eléctrica.

El presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, decretó el estado de emergencia en Orellana y Sucumbíos el pasado miércoles, con lo que se restringen algunos derechos, entre ellos los de expresión, reunión y libre circulación.

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Pese a ello, el jueves se registraron varios enfrentamientos entre manifestantes y los militares en la ciudad de Nueva Loja, capital de la provincia de Sucumbíos, que dejaron alrededor de una veintena de detenidos, según Gándara.

Hoy hay tranquilidad en esa ciudad, que al igual que la de Francisco de Orellana, capital de la provincia homónima, está fuertemente militarizada.