El secretario de la Comunicación, Andrés Seminario, reiteró esta mañana que detrás del paro biprovincial que cumple hoy su quinto día en Orellana y Sucumbíos, existen intereses políticos.

El brote de violencia, como los actos vandálicos, detonaciones con explosivos, atentados contra instalaciones de petroleras, toma de pozos y aeropuertos, destrucción de bienes públicos y privados, secuestro de una gabarra, demuestra, al parecer de Seminario, que las movilizaciones van más allá de “movimientos cívicos como en algún momento se anunció hace una semana”.

A inicios de semana, los líderes de la protesta recalcaron que ésta no es en contra del Gobierno, sino de las petroleras transnacionales que operan en el oriente ecuatoriano. Sin embargo, también han advertido a lo largo de esta semana que no declinarán la medida hasta que representantes del régimen de Alfredo Palacio mantengan una reunión con los del paro biprovincial.

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Además de obras, los manifestantes piden que “se revisen o se renegocien los contratos con las transnacionales petroleras porque hay contratos que se han firmado hace doce, quince años, a diez dólares, a 20 dólares el barril del petróleo, y ahora conoce el país que el valor del barril del petróleo está bordeando los 70 dólares. Eso significa que las transnacionales están saqueando al país”. En este sentido, demandó la solidaridad del país luego de que las provincias en protesta “no están luchando para recuperar los recursos solamente para Orellana y Sucumbíos, sino para todo el país", indicó este martes a Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil) la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori.

Seminario subrayó hoy en Citynoticias que en este “paro totalmente inexplicable” hay actividades que van más allá de simplemente protestas de ciudadanos comunes”. Cree que es posible que exista una estrategia paramilitar luego de que “lugares sensibles” del país fueron atacados. Esto “nos lleva a presuponer que efectivamente el paro tiene otras intenciones y otros líderes detrás de quienes están frenteando la situación hoy por hoy”.

Frente a dicho escenario, el funcionario recalcó que el régimen, que “siempre estuvo abierto al diálogo, tuvo que decretar el estado de emergencia", acogiéndose al derecho constitucional de “defender el patrimonio de todos los ecuatorianos que está siendo atacado. El Gobierno no puede negociar contra actos vandálicos. Esto sería inaudito”. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene su actitud de apertura al diálogo, aclaró.

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La producción de crudo cayó a 10.000 barriles diarios (apenas el 5%) por el paro que cumplen dos provincias amazónicas.