La última tomadura de pelo que nos hizo el Congreso, bajo la batuta de Wilfrido Lucero, fue la reelección de Mueckay como Defensor del Pueblo, en contra del pronunciamiento de  las organizaciones de derechos humanos. Lucero declaró sin sonrojarse que las propuestas de la sociedad civil no son obligatorias, como si no se hubiese enterado de lo que ocurrió en abril en  Quito.

Si aquello fue producto de una “concesión” a una Izquierda Democrática que reclutó a Mueckay cuando no había acuerdo en la mayoría, es posible imaginarse que el silencio frente al nombramiento del nuevo Contralor es parte de un acuerdo a propósito del desacuerdo en los nombramientos rezagados.

¿Están reeditando, en el caso del Contralor, la misma trampa que con la Defensoría del Pueblo? Esta vez, ¿será que el mutismo en el caso de la Contraloría es una “concesión” a los socialcristianos?

Lo cierto es que en los últimos conflictos de poder, la Contraloría hace el trabajo sucio. Lo está haciendo en el caso de Wilma Salgado, con la que se ha empeñado en urdir acusación tras acusación para tenerla ocupada. La coincidencia es que, a la sombra de las persecuciones a Wilma Salgado está Patricio Dávila.

Hizo el trabajo sucio para impedir la continuación de Carlos Pareja al frente de Petroecuador, con la historia de una glosa, instrumento con largo historial político en los juegos de intereses.

Esta vez, la glosa sirvió para que un cándido ministro de Energía justificara la salida de Pareja, en momentos en que este pedía rescindir el contrato con la Oxy y ponía en marcha negociaciones con Venezuela para procesar petróleo con evidente perjuicio para los intermediarios multinacionales y muy nacionales que se han enriquecido con el tema de la refinación y las ventas de gas al Ecuador. Rafael Correa insinuó la mano del socialcristianismo en el tema. León Febres-Cordero prefiere esperar que Correa pronuncie los nombres. ¿Los necesita? ¿No los conoce?

Mientras tanto, en Manabí, tres poblaciones intentan ejercer el derecho de rendición de cuentas y revocatoria del mandato a los alcaldes de Chone, Olmedo y Manta, que por coincidencia son socialcristianos. Y para que las coincidencias no queden allí, el tema lo tiene que resolver el delegado de Contraloría, pariente cercano del diputado socialcristiano Simón Bustamante. Y el pariente, otro cándido, no encuentra razones contra los alcaldes socialcristianos denunciados en las calles de los cantones manabitas.

Al parecer, mientras dure la presidencia de Lucero y sobreviva la alianza de la ID y el PSC, acolitados por Pachakutik, el contralor Peña seguirá en el puesto… o será renombrado como Mueckay.

Lo extraño de nuestro país es esa capacidad para voltear las causas nacionales como si fuesen ternos envejecidos. De ese modo, la lucha contra la corrupción se vuelve la muletilla para salvaguardar los intereses corruptos del poder político y económico, y las entidades de control, la Contraloría y la Anticorrupción, acomodan las zancadillas. Quién lo entiende.