“El Gobierno Nacional no puede someterse a negociar bajo medidas de presión y bajo medidas de hecho. Y eso es un principio fundamental de autoridad, un principio de respeto al orden constituido que tiene que mantenerse”, resaltó esta mañana Maximiliano Donoso, secretario general de la Presidencia.

Desde el lunes, los manifestantes dirigentes del paro en las provincias de Orellana y Sucumbíos reclaman la caducidad de un contrato de explotación con la estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) y la renegociación de los demás convenios con las multinacionales extranjeras.

Los autoridades han denunciado la ocupación de dos aeropuertos y el boicot contra varios pozos petroleros, lo que obligó a la suspensión temporal de bombeo por el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

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Como lo han expresado los funcionarios de Estado, manifestó Donoso, el régimen del presidente Alfredo Palacio está dispuesto a dialogar siempre que se deponga la medida de hecho. Por ello espera que los dirigentes del paro biprovincial, lleguen a un acuerdo esta tarde con el ministro de Gobierno, Mauricio Gándara.
Gándara se trasladará en las próximas horas junto "con algunos representantes de las empresas petroleras a la zona para ratificar lo acordado y para resolver y pacificar la situación grave, particularmente a la industria petrolera”, informó el funcionario esta mañana en Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil).

Donoso reclama que se hayan tomado dichas medidas luego de que existen acuerdos con las provincias amazónicas. El Gobierno está preocupado “más aun cuando ya se había llegado a acuerdos entre las compañías petroleras y los representantes de la asamblea biprovincial. Inclusive se subscribió un documento al respecto, por el cual se acordaba que las compañías petroleras contribuirían para pavimentar 200 kilómetros de camino, que contratarían el ciento por ciento de mano no calificada a ciudadanos de la zona, que se contrataría el 80% de personal calificado también alrededor de la zona, e igualmente se utilizaría los medios de transporte que ofrecen los ciudadanos de la zona. Esa era una negociación ya resuelta que se había suscrito inclusive con algunos de los representantes de la asamblea biprovincial”.

Sin embargo, este martes, también en Citynoticias, la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, recalcó además de solicitar “se revisen o se renegocien los contratos con las transnacionales petroleras”,  que demandan que el régimen cumpla con las obras que prometió el pasado 24 de junio.

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Pero Donoso no cree que las motivaciones de la paralización sean para el bienestar de la población. Considera que son “de orden político, probablemente originadas por intereses oscuros, que quieren desestabilizar el régimen y que no les importa afectar la industria petrolera, afectar los intereses de la nación, con tal de general ciertos desordenes y caos”.

La posición del Ejecutivo ante la radicalización de las medidas de hecho en las provincias amazónicas, será “mantener la seguridad interna del país y mantener la seguridad pública, y más aún es una responsabilidad el garantizar que no se afecte a la infraestructura petrolera del país, que es prácticamente la columna vertebral de la economía de la República, de modo que el Presidente ha dado instrucciones precisas en cuanto a proteger los bienes públicos y privados en las zonas de Orellana y Sucumbíos”.