La propuesta de Carlos Andrade, miembro del directorio del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), respecto a crear “un blindaje político” en las empresas de propiedad del Fondo de Solidaridad (FS), tuvo acogida entre las autoridades del sector eléctrico reunidas en Cumbres de Ayangue (Guayas), días atrás.

De hecho, el tema fue planteado dentro de las cuatro mesas de coordinación que elaboraron propuestas para el sector y apunta a un solo objetivo: que el FS cumpla estrictamente la función para la cual fue creada (obra social) y para ello, salga de la administración de las empresas.

Se trata de un planteamiento en el que el mismo FS concuerda. José Lallana, delegado del organismo, presentó un plan que aún pule la institución para lograrlo.

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Consiste en contratar, vía licitación, a una empresa que vele por la administración de las generadoras y distribuidoras, que nombre a sus titulares (personas idóneas), y que coordine con el FS las necesidades de recursos, utilidades y financiamiento de proyectos.

También que implemente un nuevo control de gestión en las empresas, esto es que fiscalice su trabajo, niveles de eficiencia. La idea, concluyeron las autoridades eléctricas, es que si se dan cambios de gobierno (incluyendo al titular del FS), no haya cambios políticos en todas las empresas de la entidad. “Esto garantizará continuidad”, dijeron.