En total 238 dictámenes fiscales no han podido ser notificados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la inexistencia de este organismo, informó ayer la ministra fiscal Cecilia Armas, en una evaluación de las principales causas que se iniciaron durante los últimos meses del gobierno de Lucio Gutiérrez.

Indicó que la falta de la CSJ frena y obstaculiza la adopción de sanciones para los responsables de presuntos actos de corrupción.

Armas, acompañada del fiscal distrital de Pichincha (e), Raúl Garcés Llerena, y otros agentes fiscales, explicó que en los últimos seis meses se emitieron 108 dictámenes a la Primera Sala de lo Penal de la CSJ y 93 a la Segunda Sala.

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Estas resoluciones, sostuvo, esperan la conformación de la nueva CSJ para su notificación. “Tenemos asuntos importantes en investigación pero no tenemos a quién remitirlos. Ese es el obstáculo que enfrentamos”, dijo.

Por esta razón, afirmó, no avanzan casos como la muerte del periodista chileno Julio García, la falta de protección del presidente Alfredo Palacio en Ciespal, el supuesto mal uso de bienes del Estado para organizar contramanifestaciones, la concesión de visas a ciudadanos chinos, entre otros.

También se refirió al juicio civil por daños y perjuicios que sigue en su contra el ex mandatario Gustavo Noboa, acusado de peculado por la presunta negociación irregular de la deuda externa ecuatoriana, quien exige dos millones de dólares como indemnización.

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La fiscal dijo que no caerá en el juego del ex jefe de Estado, ni responderá o adoptará acción legal alguna.

“Creo que hay personas que se creen intocables, pero yo sí actuaré mientras esté al frente de la Fiscalía”, dijo. Al comentar el monto elevado de la indemnización que pide Noboa, Armas dijo que “ojalá la demanda hubiese superado los 20 millones porque no tengo dinero”.

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Joffre Campaña, abogado de Noboa, recordó que la demanda fue puesta el 3 de junio pasado; el 15 del mismo mes se calificó la demanda y se tramita en el Juzgado Séptimo de lo Civil de Pichincha.