Hace varios meses sostuve que era un error dejar al Ecuador sin Corte Suprema de Justicia. El proyecto original del Congreso Nacional que la encargaba a los jueces más antiguos de las cortes superiores, dentro del desastre constitucional ocurrido en esos días, era lo más procedente para “simular” democracia. Sin embargo, el entonces débil presidente Alfredo Palacio cedió a las presiones “forajidas” que poco entienden del tema y que tomaron los micrófonos liderando la lucha contra dicho encargo, tildándolo incluso como “Tribunal Especial”. Es que en Ecuador parece que quienes estudiamos Derecho por seis años somos unos tontos, ya que otros, con ver las noticias y cruzar opiniones ya son abogados, sin pisar la universidad.

Hoy, casi cuatro meses después, el Ecuador sigue sin Corte Suprema y los cuestionamientos que se han generado a lo largo del actual proceso de selección seguramente pesarán al final, en la estabilidad de la nueva Corte Suprema, si es que se nombra. Yo, particularmente, tengo serias dudas de que tengamos una Corte con mejor nivel que la de 1997.

Por ello, les propongo que hagamos un poco de memoria, a ver si esta vez no nos volvemos a equivocar:

La Corte Suprema de Justicia, elegida en 1997, fue cuestionada desde su inicio cuando los legisladores “por última vez” seleccionaron a los 31 magistrados. Sin embargo, la Comisión que seleccionó a los postulantes (de entre los cuales eligió el Congreso) estuvo integrada por profesionales de prestigio y con gran acogida de la opinión pública de esa época. Entonces, si los 31 magistrados de 1997 pasaron por el filtro de la Comisión es porque estaban aptos para ejercer la magistratura.

No podemos desconocer que entre los treinta y un magistrados podría haber algunos malos jueces, ni que algunos de ellos podrían haber sido presionados políticamente en ciertos casos, pero, ¿en qué Corte del mundo ello no sucede? Y si en Ecuador sucedía con más frecuencia, bueno, ¿cuántas cosas suceden con más frecuencia en el Ecuador...?

A la calidad y profundidad de muchas sentencias de esa Corte Suprema, solamente la historia les dará su justo valor.

Ahora bien, para subsanar la “metida de mano” del Congreso, el pueblo ratificó a dicha Corte en una Consulta Popular incuestionablemente democrática. De allí que el argumento en el que se sustentó el dictador, y con gran acogida de quienes por razones personales tenían un interés común, no tiene validez jurídica.

Por ello, cuando Lucio desconoció a la Corte Suprema y el Congreso designó a la “Pichi Corte”, se rompió la Constitución y sepultaron el proceso de modernización e independización de la Función Judicial que llevaba ya siete años en ejecución. Con el tiempo sabremos cuánto daño se causó al Ecuador.

Solo tendremos la Corte ideal cuando los ecuatorianos (todos) dejemos de acomodar las situaciones a nuestras conveniencias, de ser muy relajados al momento de respetar las leyes y, sobre todo, cuando entendamos que podemos combatir a las personas pero jamás, con ello, destruir o debilitar a las instituciones democráticas. Si quienes ejercen tales funciones no son dignos de ellas, entonces aprendamos a elegir bien. Esa es nuestra tarea y no desinstitucionalizar al Ecuador.