El presidente de la República, Alfredo Palacio, mediante Decreto Nº 355, firmado el 28 de julio de este año y publicado en el Registro Oficial del pasado lunes, emitió disposiciones especiales relativas al funcionamiento de las máquinas tragamonedas y salones de juego en el país.

Palacio faculta a los ministros de Gobierno y de Turismo para ejercer el control, decomisar máquinas e incluso clausurar locales donde funcionen las denominadas tragamonedas, que no estén autorizados y registrados en la cartera de Turismo.

El documento reitera que los implementos o máquinas destinadas a juegos de azar solo podrán ser importados con licencia previamente otorgada por el Ministerio de Turismo, conforme a las resoluciones del Consejo de Comercio Exterior (Comexi).

Publicidad

El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), Eduardo Maruri, manifestó que este decreto ataca directamente a la proliferación de salones de juegos en Guayaquil y en otras ciudades del país, hecho denunciado meses atrás por comerciantes formales, socios de la CCG.

Un día después de que el presidente Palacio firmara el decreto, el juez vigésimo de lo Civil de Tosagua (Manabí), José Luis Zevallos Santana, aceptó el recurso de amparo constitucional presentado por las compañías Viña Carolina S.A., Viña Caroli S.A., Cazinocorp S.A., Viña Húngara S.A. e Invermun S.A., para seguir ejerciendo el negocio de los juegos de azar en el país.

En su resolución, el juez deja sin efecto la comunicación 1456-AJU que el subsecretario general de Gobierno, Fernando Acosta, dirigió a los intendentes de Policía del país el 21 de julio pasado.

Publicidad

En el documento Acosta indicaba a los funcionarios de Policía que no podían seguir sustentándose en una acción de amparo dispuesta hace cinco años y que no debían permitir el ejercicio de una actividad “que no está debidamente autorizada”.

Con el pronunciamiento del juez, las empresas podrán seguir con su funcionamiento.

Publicidad

Según el Reglamento de Actividades Turísticas, las tragamonedas o ruletas en las que se admitan apuestas en público deben funcionar en casinos.