La orden de prisión preventiva es el eje del sistema político ecuatoriano. Sin ella, otra sería la historia política del Ecuador en las últimas dos décadas y probablemente otro sería su futuro. Un examen del proceso político ecuatoriano de los últimos años que no tome en cuenta a la prisión preventiva quedaría incompleto. A través de ella se explica buena parte de lo que ha ocurrido en el escenario político nacional, así como se entiende mucho de lo que no ha ocurrido.
De no haber existido esta figura jurídica, no solamente que muchas injusticias no se hubiesen cometido –cosa ya de por sí loable– sino que el Ecuador político y económico de hoy sería bastante diferente.

Algunos políticos, por ejemplo, no habrían acumulado el enorme poder que tienen y del que abusan arrogantemente. Otros habrían podido ver extinguidas sus fuerzas, como les sucede a todos los políticos en sociedades democráticas, es decir, a través del sufragio popular. Hasta la propia política económica del país habría podido, en muchos casos, tener un hilo de continuidad que es tan necesario para nuestro desarrollo.

Creada con la intención de asegurar la presencia del acusado en el país, en el Ecuador se la usa precisamente para lo contrario, para que el acusado no venga al país o salga de él y no regrese. Diseñada como una medida únicamente cautelar, en el Ecuador se ha convertido en una sentencia anticipada de culpabilidad.
Pensada como una decisión extraordinaria, en nuestro país ella se ha convertido en la regla general, no en una excepción. Establecida como una fórmula que debe adoptarse luego de una detenida valoración de los indicios que se han aportado en el proceso, y luego de sopesarlos frente a las garantías del acusado, en el Ecuador se la dicta como masticar un chicle.

Conocer la verdad de las acusaciones, examinar las pruebas a la luz de la sana crítica, conocer directamente al acusado y adoptar una decisión razonable, nada de eso interesa. Lo que urge simplemente es lo contrario. Mantener alejado a los acusados del proceso y olvidarse de la verdad de los hechos. Esta ya ha sido fabricada fuera del despacho del juez.

En ese enorme circo de tres pistas que es el Ecuador, la prisión preventiva ocupa sin duda un lugar privilegiado. Gracias a ella mantenemos el récord –no es exageración– de persecución política, de ex altos magistrados enjuiciados y asilados. Por eso la facilidad con que las naciones de la región conceden asilo político a los ecuatorianos. Es como si llevásemos una suerte de trademark de origen. “¡Ah!, del Ecuador, por supuesto, pase por aquí, firme estos papeles y le damos el asilo solicitado. Ya sabemos cómo funcionan las cosas en su país. No se preocupe…”.

Claro que la prisión preventiva no es la responsable. Y no es que ella debe eliminarse. Bastaría tener un sistema judicial independiente, robusto y profesional.
Sería suficiente con tener magistrados que algún día digan basta, y políticos serios. Pero, ¿cuándo?