Al contrario, el país se ha concentrado en acciones judiciales para frenar el tráfico de personas (coyotaje), señaló Bonilla.

Si se cree que la migración es un fenómeno de carácter penal lo que tenemos es la multiplicación de redes ilegales que generan más violencia e inseguridad, explicó Bonilla, quien participa en esta capital de una reunión de esta entidad no gubernamental.

Según el analista, la crisis política, la ausencia de políticas sociales, el coyotaje y las redes familiares creadas en los últimos 40 años explican, entre otros, el cerca de 1,5 millones de ecuatorianos que viven en Estados Unidos. Otros 800.000 residen en España.

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Insistió en que el tráfico de personas no es la única causa de la migración, un fenómeno que solo podrá combatirse brindando mejores condiciones de empleo, salario, educación y seguridad social.

No obstante, Bonilla considera que el actual gobierno de Alfredo Palacio no tiene la capacidad para enmendar lo que en los doce últimos años Ecuador no ha hecho en el ámbito social.

El Presidente ecuatoriano es débil, no cuenta con el apoyo de ningún partido político, está sometido a múltiples chantajes tanto de élites como subordinados, señaló.

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El tema de los migrantes ecuatorianos ha tocado además a otros países a veces de forma dramática, como en  mayo pasado cuando fueron rescatadas en alta mar 88 personas  que fueron abandonadas  por los   coyotes en una embarcación que se hundía.

Ellos fueron localizados gracias a un mensaje de auxilio que dejaron dentro de una botella amarrada a una línea de pesca que  fue recogida por un barco pesquero.

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Muchos no tienen la misma suerte. Algunos desaparecen  sin dejar rastro, sobre todo al llegar a territorios problemáticos como la frontera de México con Estados Unidos.

Días atrás las autoridades mexicanas detuvieron a 79 ecuatorianos que viajaban hacinados en un tráiler que transitaba por una carretera de Chiapas.

Este tipo de situaciones motivaron además a que la directora de Flacso en México, Giovanna Valenti, abogara para que los gobiernos establezcan acuerdos que permitan la movilidad de las personas garantizando condiciones básicas.

 

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