La XVI Cumbre presidencial Andina, realizada hace pocos días, en Lima, consciente de la violencia, contaminación, deforestación y más efectos perversos provocados por el problema de la droga, acuerda una nueva estrategia subregional, basada en el diálogo y la cooperación internacional, para lograr mejores condiciones de vida, mayor atención a la educación, salud, trabajo y seguridad ciudadana en las poblaciones afectadas.

Sin embargo, este importante avance, complementado con la entrada en vigencia en la misma oportunidad de la norma andina para el Control de Sustancias Químicas, que se utilizan en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, no sirvió de contexto, ni de referencia para tratar el problema de las fumigaciones en la frontera norte, en la reunión de cancilleres de Ecuador y Colombia, realizada en Quito, en la presente semana.

El planteamiento de nuestra Cancillería al pedir a Colombia que suspendan las fumigaciones hasta tener datos concluyentes, obviamente que atiende a una justa demanda social, que ha sido adecuada y oportunamente procesada por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos desde el año 2000.

Pero este reclamo por de más razonable, y que ha sido reconocido como firme y claro, no estuvo acompañado de una actitud de negociación cooperativa, sino de confrontación y de competitividad, desconociendo que la resolución de los conflictos parte de las buenas relaciones, aun cuando los intereses en juego sean diferentes y contradictorios.

Este tipo de situaciones exige un despliegue de la habilidad diplomática para transformar la confrontación en cooperación, en función de los mutuos intereses, que son los que caracterizan a la diplomacia preventiva y a la buena negociación.

Lo más extraño es que la reunión demostró una simplificación exagerada del problema de seguridad de la frontera norte, a un asunto de fumigación, dejando al margen las medidas y mecanismos no militares necesarios para tener una frontera segura; es decir, en cuanto a aduanas, migración, políticas de preservación de los recursos naturales, del medio ambiente, desarrollo social y económico de la frontera, para lo cual la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) es la que mejor oportunidad ofrece para la cooperación e integración, como medio eficaz para el fortalecimiento de la soberanía, y que son de directa responsabilidad de esa secretaría de Estado.

Por consiguiente, proponer una nueva comisión de alto nivel con la participación de diplomáticos y militares, para hacer un seguimiento de un acuerdo al que no se llegó, es dilatar una vez más el problema.

Se desautorizó a sí misma la Cancillería en su informe anterior, en el cual anotaba que no existen señales de que las fumigaciones hubiesen afectado al ecosistema ecuatoriano. Se hizo lo propio con el informe de la Comisión de Energía Atómica de julio del 2004. Pero lo más curioso es que se desecha el Informe de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), presentado a la OEA, basado únicamente en otro informe del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia.

Para argumentar un derecho que nos asiste en forma innegable, es necesario evidenciarlo con objetividad y sustento científico, como es el buscado por la Comisión Científico-Técnica Nacional que ha tomado muestras de agua y suelo en el Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, sin que desgraciadamente se tengan todavía los resultados sobre la peligrosidad del herbicida glifosato.

La firmeza no exime de evidencias ni de habilidades diplomáticas.