El procurador general, José María Borja, pidió la prisión preventiva para los implicados en la firma del Acta de Mediación entre Filanbanco y el Banco de los Andes, por considerar que en esa negociación se cometieron los delitos de peculado y concusión (asociación de dos para perjudicar a un tercero).

En este caso, dijo Borja, el liquidador de Filanbanco, Xavier Izurieta, y el representante legal del Banco de Los Andes, Guillermo Dueñas, se pusieron de acuerdo para perjudicar al Estado.

Según el Acta, Filanbanco se comprometió a cancelar $ 38,4 millones a Los Andes. Se habla de un perjuicio al Estado en virtud de que el Ministerio de Economía es el único accionista de Filanbanco.

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Borja negó la posibilidad de que el superintendente de Bancos, Alejando Maldonado, esté involucrado en la irregularidad, aunque espera que la justicia señale –finalmente– a los responsables.

A juicio de Borja, dichos delitos se configuraron cuando no se consultó a la entidad de control para aprobar la transacción. Legalmente, sostuvo, cuando el monto de negociación (en la que esté involucrado el Estado) sobrepasa los 20 mil dólares, obligatoriamente se debe recabar la opinión de la Procuraduría. Al no ser así, “la transacción es nula”.

Borja explicó que, el martes pasado, presentó ante la Fiscalía General una denuncia de tipo penal que se sumó a las presentadas por el Ministerio de Economía y la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

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El fallo del Juzgado que condenó a Filanbanco a pagar al Banco de Los Andes no quedó en firme, recalcó Borja, gracias al recurso que planteó la Procuraduría. Por ello, dijo, no existe obligación de Filanbanco con dicha entidad.

Ayer, el diputado Carlos González (ID) anunció un juicio político en contra del Superintendente por presuntas inacción, complicidad, encubrimiento y prevaricato.