Falta de acuerdo frustó designación de los vocales del TC

El bloque legislativo Pachakutik desbarató, a última hora, el acuerdo político pactado con el Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y Democracia Popular, para elegir a siete de los nueve vocales del Tribunal Constitucional.

Las negociaciones políticas en la mañana de ayer aseguraban tres vocalías para el PSC, dos para la ID, una para Pachakutik, igual que a la Democracia Popular, pero en la noche, antes de la designación, Pachakutik (PK) exigió una vocalía más, restando espacio al PSC, lo que llevó al fracaso la negociación.

Ricardo Ulcuango (PK) denunció que “el PSC pretende seguir acaparando las vocalías del Tribunal Constitucional, imponiendo candidatos desde el Congreso y las Cámaras de la Producción, y para eso Pachakutik no se prestará”, dijo.

En las negociaciones, el bloque reclamaba que se incluya como parte de la terna del Congreso a Julio César Trujillo, en reemplazo de Enrique Tamariz, respaldado por el PSC.

En la mañana se acordó respaldar las candidaturas de Jacinto Loaiza, Nicolás Castro Patiño, Enrique Tamariz del PSC, Enrique Herrería y Hernán Salgado, de la ID; Roberto Borja Velasco, de PK; y, Jaime Velasco Dávila de la DP.

La negociación se cayó cuando PK alertó, a las 19h30, que el PSC pretende obtener tres vocalías de las siete, y que en las dos ternas de la Corte Suprema de Justicia con seguridad se incluirían candidatos afines al socialcristianismo, con lo que asegurarían cinco vocales de los nueve que tiene el TC.

Pachakutik no cedió y la ID planteó una resolución que fue aprobada con 57 votos de 87 presentes, donde el Congreso se compromete a designar al TC una vez que se hayan recibido todas las ternas.

Con esa resolución se clausuró el periodo extraordinario de sesiones y los diputados se acogieron a la vacancia que durará tres semanas.

El presidente de la legislatura, Wilfrido Lucero, dijo que el Congreso esperará que la nueva Corte remita las dos ternas para designar a los nueve vocales, y que las ternas que fueron remitidas con antelación, tanto por las centrales sindicales, cámaras de la Producción y el Ejecutivo, se respetarán y permanecerán bajo custodia del Parlamento.