Uribe acepta diálogo para canje de rehenes

El presidente colombiano autorizó realizar contactos para un intercambio humanitario.

La libertad del grupo de casi 60 civiles y militares secuestrados por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), parece estar próxima, cuando algunos de ellos cumplen ya más de ocho años en poder de la principal guerrilla izquierdista del país.

En un sorpresivo anuncio la noche del pasado martes, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, dejó en claro la disposición del gobierno para reunirse con las FARC, algo que durante los tres años de régimen del presidente Álvaro Uribe, se creía impensable.

“Tengo instrucciones del señor presidente de reunirme con las FARC en cualquier sitio que ellos definan. El día y la hora que establezcan. Con unas condiciones de seguridad que les den confianza. Con acompañamiento nacional o internacional, el que ellos consideren adecuado”, dijo Restrepo.

El anuncio se realizó tras una reunión entre Uribe y Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial secuestrada Ingrid Betancourt, y Patricia Perdomo, hija de la congresista Consuelo González de Perdomo, ambas en poder de las FARC.

Flexibilidad
En sus tres años de mandato, Uribe ha flexibilizado sus condiciones para el intercambio, que se iniciaron con cuatro condiciones específicas: no desmilitarizar territorio nacional, liberar a todos los secuestrados, promesa de no volver a delinquir por los guerrilleros y participación de las Naciones Unidas.

Las FARC exigen desmilitarizar una zona para negociaciar el intercambio, condición a la que Uribe se niega rotundamente.

Para el analista Vicente Torrijos, el anuncio de Uribe, “tiene coincidencia con la prontitud con que se sancionó la Ley de Justicia y Paz”, y con la intención de promover a cualquier precio el diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La ley de Justicia y Paz establece el marco legal para las desmovilizaciones masivas de grupos armados ilegales y ha sido muy criticada en el ámbito nacional e internacional ante la posible impunidad que pudiera generar, en especial en el actual proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, principal grupo paramilitar del país.

Torrijos afirma que se trata de legitimar la negociación con el paramilitarismo y enviar un mensaje a la comunidad internacional de que es una política de Estado.

Pero la ley es fuertemente criticada por las Naciones Unidas, la comunidad internacional y grupos como Amnistía Internacional, pues establece entre cinco y ocho años de cárcel para los jefes y combatientes de grupos armados ilegales, penas consideradas leves.

El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU., Nicholas  Burns, exigió ayer a las FARC liberar de inmediato y sin condiciones a los secuestrados, señalando que la actitud de la guerrilla es “desalmada”.

Francia pidió a las FARC responder positivamente a la apertura de Bogotá para un “acuerdo humanitario”.